Por: Carlos Malamud
Tras algunas semanas de aletargamiento, el vodevil hondureño ha entrado en un camino tortuoso y de difícil desenlace. El retorno del presidente legítimo, Manuel Zelaya, primero en un avión venezolano y luego escondido en el maletero de un coche, es la mejor prueba del carácter rocambolesco de una trama definible no como un elogio de la locura, que diría Erasmo de Roterdam, sino como un verdadero elogio del disparate. Una trama que, al mismo tiempo, comienza a tener derivadas políticas en Brasil y Estados Unidos, donde las oposiciones se interrogan por el papel que sus gobiernos están jugando en todo esto.
En Estados Unidos la pregunta que circulaba la semana pasada era si la Administración Obama estaba al tanto del retorno de Zelaya a su país. Las respuestas estaban cantadas y buscaban minar al gobierno de Washington. Si no sabían nada, malo, por incompetencia, y si lo sabían, peor por haberse dejado meter un gol. Más torticero es lo que está pasando en el Senado, donde algunos senadores republicanos traban la aprobación de Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos (América Latina) y la de Tom Shannon como embajador en Brasil.
En este último país las cosas tampoco están nada fáciles. La oposición brasileña intenta sacar algún rédito de la "ocupación" de su embajada en Tegucigalpa por Zelaya y un grupo de "resistentes" de unas 60 personas. En realidad es el propio gobierno brasileño el que no se siente nada cómodo por el hecho y, sobre todo, por la utilización política de su delegación diplomática, totalmente ajena a los usos y costumbres tradicionalmente aceptados por la comunidad internacional en estos casos.
Los llamados a la insurrección, las arengas contra las fuerzas armadas y de orden público, las constantes entrevistas concedidas a medios de todo el mundo con evidentes fines propagandísticos, así como el victimismo de que hacen gala el presidente y su esposa, la inefable Xiomara Castro, denunciando complots internacionales para acabar con su vida, no son elementos que alientan a las autoridades brasileñas a mantener durante más tiempo la actual situación.
Para agregar un poco más de sal a la cosa, el alarde que constantemente hace Hugo Chávez de estar detrás del tema y de haber inspirado el desembarco de Zelaya, tampoco facilita un desenlace negociado. Lo mismo ocurre con la postura absurdamente rígida del gobierno Micheletti, que ha dado un ultimátum de diez días al gobierno brasileño para que defina el status de Zelaya. Esto último se suma al bloqueo de la embajada, incluyendo el inicial corte de agua y electricidad, luego subsanado. La salida buscada por el gobierno de Lula fue plantear el caso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un paso en la buena dirección, pero que tiende a cuestionar de alguna manera su liderazgo regional.
Para Lula, y especialmente para Itamaraty, su ministerio de Exteriores, que prefieren hablar de América del Sur en lugar de América Latina, la pregunta de qué se le perdió a Brasil en Honduras no debe ser intrascendente. Además, a los brasileños siempre les gustó el bajo perfil, incluso en cuestiones más cercanas. Esto se vio claramente en el conflicto que opuso a Argentina con Uruguay por la construcción de las papeleras, donde la actitud pública de Brasil fue la de mirar para otro lado. A los brasileños les gusta la diplomacia discreta y sin estridencias, inclusive en su más que difícil relación con Chávez. De ahí que el papel protagónico que le está tocando jugar en la crisis hondureña no sea demasiado de su agrado.
Al mismo tiempo, el gobierno Micheletti se mostraba contrario al retorno a Tegucigalpa de los embajadores de México, Argentina, Venezuela y España, retirados después del golpe: "Se hace saber que el Gobierno de la República no recibirá a los agentes diplomáticos de tales países, salvo que sus respetivos gobiernos procedan a negociar con la Cancillería de la República el reestablecimiento de las mismas". Esta actitud refractaria del gobierno de facto es, en buena medida, consecuencia de la incapacidad de la comunidad internacional para resolver el conflicto, al haber cerrado numerosos canales de diálogo entre las partes.
La intransigencia de unos y otros, y su escasa voluntad para moverse lo más mínimo de sus posturas maximalistas iniciales, se ceba sobre el pueblo hondureño, la verdadera víctima de esta situación. El problema ahora es buscar la forma de salir del actual atolladero. Para eso hay que pensar menos en el presente, que ya es el pasado, y más en el futuro. Probablemente haya llegado el momento de abogar por la defensa de la constitucionalidad, pero no atada a un hombre, como se ha hecho hasta ahora, sino únicamente, lo que no es poco, por el respeto al sistema, a la legalidad y a la Constitución vigente.
Desde esta perspectiva, y dados los cortos plazos que quedan hasta las elecciones del 16 de noviembre y al traspaso de poderes a realizar el 27 de enero de 2010, la defensa a ultranza de Zelaya suena más a la lucha por el fuero que por el huevo, salvo que algunos actores tengan un plan B. Éste parecería ser el caso de los amigos del ALBA, que siguen insistiendo en la convocatoria de una Asamblea Constituyente (con obvios fines reeleccionistas) y de deslegitimación de los próximos comicios.
Por el contrario, las declaraciones de Juan Carlos Varela, vicepresidente y ministro de Exteriores de Panamá, de que las "elecciones democráticas [en Honduras son] una salida a la situación actual, siempre y cuando se conduzcan de una forma transparente y sean parte de un diálogo nacional", pese a ir a contracorriente de los demás países de la OEA y de la comunidad internacional, podrían ser el camino para un cambio de rumbo que termine encarrilando definitivamente la crisis hondureña.
Fuente: www.infolatam.com
Tras algunas semanas de aletargamiento, el vodevil hondureño ha entrado en un camino tortuoso y de difícil desenlace. El retorno del presidente legítimo, Manuel Zelaya, primero en un avión venezolano y luego escondido en el maletero de un coche, es la mejor prueba del carácter rocambolesco de una trama definible no como un elogio de la locura, que diría Erasmo de Roterdam, sino como un verdadero elogio del disparate. Una trama que, al mismo tiempo, comienza a tener derivadas políticas en Brasil y Estados Unidos, donde las oposiciones se interrogan por el papel que sus gobiernos están jugando en todo esto.
En Estados Unidos la pregunta que circulaba la semana pasada era si la Administración Obama estaba al tanto del retorno de Zelaya a su país. Las respuestas estaban cantadas y buscaban minar al gobierno de Washington. Si no sabían nada, malo, por incompetencia, y si lo sabían, peor por haberse dejado meter un gol. Más torticero es lo que está pasando en el Senado, donde algunos senadores republicanos traban la aprobación de Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos (América Latina) y la de Tom Shannon como embajador en Brasil.
En este último país las cosas tampoco están nada fáciles. La oposición brasileña intenta sacar algún rédito de la "ocupación" de su embajada en Tegucigalpa por Zelaya y un grupo de "resistentes" de unas 60 personas. En realidad es el propio gobierno brasileño el que no se siente nada cómodo por el hecho y, sobre todo, por la utilización política de su delegación diplomática, totalmente ajena a los usos y costumbres tradicionalmente aceptados por la comunidad internacional en estos casos.
Los llamados a la insurrección, las arengas contra las fuerzas armadas y de orden público, las constantes entrevistas concedidas a medios de todo el mundo con evidentes fines propagandísticos, así como el victimismo de que hacen gala el presidente y su esposa, la inefable Xiomara Castro, denunciando complots internacionales para acabar con su vida, no son elementos que alientan a las autoridades brasileñas a mantener durante más tiempo la actual situación.
Para agregar un poco más de sal a la cosa, el alarde que constantemente hace Hugo Chávez de estar detrás del tema y de haber inspirado el desembarco de Zelaya, tampoco facilita un desenlace negociado. Lo mismo ocurre con la postura absurdamente rígida del gobierno Micheletti, que ha dado un ultimátum de diez días al gobierno brasileño para que defina el status de Zelaya. Esto último se suma al bloqueo de la embajada, incluyendo el inicial corte de agua y electricidad, luego subsanado. La salida buscada por el gobierno de Lula fue plantear el caso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un paso en la buena dirección, pero que tiende a cuestionar de alguna manera su liderazgo regional.
Para Lula, y especialmente para Itamaraty, su ministerio de Exteriores, que prefieren hablar de América del Sur en lugar de América Latina, la pregunta de qué se le perdió a Brasil en Honduras no debe ser intrascendente. Además, a los brasileños siempre les gustó el bajo perfil, incluso en cuestiones más cercanas. Esto se vio claramente en el conflicto que opuso a Argentina con Uruguay por la construcción de las papeleras, donde la actitud pública de Brasil fue la de mirar para otro lado. A los brasileños les gusta la diplomacia discreta y sin estridencias, inclusive en su más que difícil relación con Chávez. De ahí que el papel protagónico que le está tocando jugar en la crisis hondureña no sea demasiado de su agrado.
Al mismo tiempo, el gobierno Micheletti se mostraba contrario al retorno a Tegucigalpa de los embajadores de México, Argentina, Venezuela y España, retirados después del golpe: "Se hace saber que el Gobierno de la República no recibirá a los agentes diplomáticos de tales países, salvo que sus respetivos gobiernos procedan a negociar con la Cancillería de la República el reestablecimiento de las mismas". Esta actitud refractaria del gobierno de facto es, en buena medida, consecuencia de la incapacidad de la comunidad internacional para resolver el conflicto, al haber cerrado numerosos canales de diálogo entre las partes.
La intransigencia de unos y otros, y su escasa voluntad para moverse lo más mínimo de sus posturas maximalistas iniciales, se ceba sobre el pueblo hondureño, la verdadera víctima de esta situación. El problema ahora es buscar la forma de salir del actual atolladero. Para eso hay que pensar menos en el presente, que ya es el pasado, y más en el futuro. Probablemente haya llegado el momento de abogar por la defensa de la constitucionalidad, pero no atada a un hombre, como se ha hecho hasta ahora, sino únicamente, lo que no es poco, por el respeto al sistema, a la legalidad y a la Constitución vigente.
Desde esta perspectiva, y dados los cortos plazos que quedan hasta las elecciones del 16 de noviembre y al traspaso de poderes a realizar el 27 de enero de 2010, la defensa a ultranza de Zelaya suena más a la lucha por el fuero que por el huevo, salvo que algunos actores tengan un plan B. Éste parecería ser el caso de los amigos del ALBA, que siguen insistiendo en la convocatoria de una Asamblea Constituyente (con obvios fines reeleccionistas) y de deslegitimación de los próximos comicios.
Por el contrario, las declaraciones de Juan Carlos Varela, vicepresidente y ministro de Exteriores de Panamá, de que las "elecciones democráticas [en Honduras son] una salida a la situación actual, siempre y cuando se conduzcan de una forma transparente y sean parte de un diálogo nacional", pese a ir a contracorriente de los demás países de la OEA y de la comunidad internacional, podrían ser el camino para un cambio de rumbo que termine encarrilando definitivamente la crisis hondureña.
Fuente: www.infolatam.com
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