Como es ya sabido, el nuevo presidente de Chile y toda su coalición de gobierno, profesan desde hace tiempo una gran admiración por el mandatario colombiano Álvaro Uribe, quien como buen político de derecha, no se cansa de hacer publica su incomodidad ante temas como: la democracia, el pluralismo político, la institucionalidad (que sostiene la democracia) y los Derechos Humanos.
La pregunta que podemos hacernos es ¿Cómo se materializara esta afinidad político-ideológica después del 11 de marzo?
A nivel interno, ya Sebastian Piñera, anuncio que adoptara el modelo de los informantes colombianos, quienes en la práctica serán ojos y oídos (sapos) de las autoridades en zonas con altos niveles de criminalidad. Lo que al parecer no sabe el actual mandatario de Chile, es que el modelo de los informantes en las ciudades de Colombia ha sido un completo fracaso, ya que la delincuencia organizada, la criminalidad y el narcotráfico han aumentado sostenidamente durante los últimos 3 años. Llevando al gobierno colombiano a incluir como informantes a los vigilantes privados, taxistas y estudiantes universitarios. Este modelo solo funciono en zonas rurales, contra la guerrilla y por lo general los informantes son desertores de la guerrilla o delincuentes que ante la posibilidad de hacer dinero y blanquearse jurídicamente, optaron por prestar “servicios a la patria”.
Lo que preocupa es que no es claro y no creo que lo sea, cuales serán los criterios para la escogencia de los informantes ¿serán simpatizantes de la UDI o RN? ¿Un comunista puede ser informante?, ¿que beneficios recibirán y que tipo de delitos o delincuentes deben delatar? Estas preguntas debieran ser resueltas antes de implementar dicho programa, ya que se corre el riesgo de generar cacerías de brujas, aumentar desconfianzas y romper manifestaciones de cooperación y solidaridad entre vecinos, en poblaciones marginadas y con profundos problemas socio-económicos, ya que al igual que en Colombia, no se quiere entender que la delincuencia es un efecto directo y no causa, de la marginalidad y la desigualdad. Y nuevamente a un problema de tipo social se le dará una respuesta policial.
Por otro lado, Colombia dejara su ostracismo regional, ya que no volverá a estar solo en los espacios de integración regional y sub-regional. Al igual que Uribe, el nuevo mandatario chileno también es muy amigo de los Estados Unidos y piensa que Venezuela es una especie de basilisco que va contra los valores occidentales que ambos presidentes encarnan: el libre mercado, la democracia restringida, la familia, el catolicismo, la propiedad privada y la moral protestante. En este sentido debiera esperarse una pronta cooperación en términos de lucha contra el terrorismo, es decir, Chile declarara como organizaciones terroristas a las FARC y el ELN (cosa que ningún gobierno de la región ha hecho, salvo Perú) e iniciara una persecución inmediata contra aquellos que militen o simpaticen desde Chile con esas organizaciones (obviamente desde la oposición). Ojala dicha persecución no tenga como base los mágicos computadores de Raúl Reyes. Esta nueva alianza posibilitara la vieja aspiración colombiana de destacar agentes de inteligencia en sus sedes diplomáticas, con el fin de rastrear actividades “terroristas contra Colombia” (estigmatización preventiva), es decir, marchas, foros y cualquier evento académico o social que critique las políticas del actual gobierno.
En lo económico debe esperarse una profundización de esta relación, que en el año 2009 hizo que Chile fuera el primer socio comercial de Colombia en la región y que Colombia se convirtiera en el quinto destino a nivel mundial de capitales chilenos.
Ojala la opinión publica chilena se de a la tarea de conocer los altos costos que para la sociedad, la democracia y las instituciones han tenido en Colombia las “exitosas políticas” que en materia de seguridad ciudadana y Derechos Humanos ha aplicado la administración Uribe y que seguramente Sebastian Piñera, importara desde ese andino país.
Luis Fernando Trejos Rosero.
