MOVILIZACIÓN SOCIAL. Miles de indígenas iniciaron un mes de movilizaciones a lo largo y ancho del país. Aunque algunas han terminado en disturbios, hay reclamos de fondo a los que el gobierno debería prestar más atención. La comunidad internacional anunció veeduría y mediación.
Jueves 16 Octubre 2008
Como un intento por denunciar atropellos y asesinatos contra su comunidad así como el incumplimiento, según ellos, de los compromisos en asistencia social, acordados con el gobierno nacional desde años atrás, miles de indígenas en diferentes zonas del país iniciaron una movilización masiva hacia centros urbanos y vías principales.
Es por eso que en los últimos días bloquearon la Vía Panamericana, en Cauca; se tomaron la Defensoría del Pueblo en Quibdo (Chocó) y se han registrado pedreas en Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, y marchas en la Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá. Los enfrentamientos han dejado ya como saldo 100 indígenas heridos y 2 muertos, según las cifras que recoge ONIC y 10 policías heridos.
“Nosotros rechazamos la violencia, pero nos obligan a defendernos”, dijo Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC. Los enfrentamientos entre indígenas y policías que han llenado las pantallas de televisión no son un capricho rebelde de algunos indígenas que decidieron salir a arrojarles piedras a la Fuerza Pública.
Se trata de una manifestación que tiene razones de fondo. El primer motivo es lo que consideran un exterminio de indígenas. En su base de datos, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha registrado 1.240 muertes desde 2002. Sin embargo las cifras muestran una mejoría notable de la situación hasta 2007: mientras en 2002 la ONIC reportó 426 indígenas asesinados, en 2007 el número bajó a 44. La preocupación ahora es que en lo que va de 2008 los casos volvieron a subir y van en 66 indígenas asesinados. También les preocupa que varios de los 102 pueblos indígenas que tiene Colombia están en peligro de desaparecer. A 18 les quedan actualmente menos de 200 habitantes y diez tienen menos de 100.
En Colombia la ONIC reconoce que existen 1.378.884 indigenas. Muchos resguardos tienen la fortuna de habitar en tierras ricas en recursos naturales y en zonas estratégicas para salir al mar, zonas de frontera o corredores que conectan unas regiones a otras. Pero esa fortuna es parte de la razón de sus desdichas. Muchos intereses están tras sus territorios, defendidos por los nativos más por la tradición cultural que significa para sus pueblos que por la riqueza económica que han sacado de ellos. Los narcotraficantes y grupos armados quieren cultivar coca y transportarla por las tierras donde están los indígenas y quieren entrar por ellas sus armas de contrabando. Los empresarios y multinacionales quieren explotar sus recursos, cultivar palma o construir vías en esas tierras.
El gobierno, por su parte, ha mostrado su incondicional apoyo a las inversiones, a tal punto, de crear normas como el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, la Ley de Aguas y el Código Minero que “optan por favorecer los intereses económicos y contribuyen al despojo territorial”, según los indígenas manifestantes. Esas normas indisponen a los indígenas porque desconocen la consulta previa a los indígenas para conocer sus puntos de vista sobre el uso que se les dará a los suelos. Ese es un derecho que les otorgó la propia Constitución Política en su artículo 120, cuando dice que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley”. La ocupación de sus suelos ha hecho que 53.885 indígenas hayan dejado sus tierras durante los últimos seis años, según datos de varias ONG y organismos humanitarios.
El derecho a la vida y a la tierra que tanto reclaman los indígenas colombianos son dos de los tantos derechos proclamados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007. Lo más desconcertante es que el único país latinoamericano que no la firmó fue Colombia. Fuera de eso, según Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, los indígenas han suscrito acuerdos con el gobierno para tener ayudas en salud, tierras, infraestructura, alimentación y derechos humanos, pero jamás se han cumplido.
¿Qué solución hay?
Para resolver eso problemas tan ancestrales como sus culturas, los indígenas proponen reunirse directamente con el presidente Álvaro Uribe y con nadie más. Incluso, Berito Cobaría, líder de los u’wa, en Cauca, dijo que si el presidente no iba a donde están los indígenas, ellos viajarían hasta Bogotá. Sin embargo, este martes varios líderes indígenas han tenido acercamientos con la viceministra del Interior, María Isabel Nieto; el gobernador del Cauca, Guillermo González, y el viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar Rueda.
La movilización indígena puede tomar proporciones mayores, en parte por que coincide con un momento de gran agitación social en todo el país y en muchos sectores. Los indígenas han recibido recientemente el apoyo de varias organizaciones sociales. Entre ellas, está la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que este jueves, durante una reunión con el presidente Álvaro Uribe, reclamó por un diálogo con los indígenas y no un tratamiento bélico. Además, el 16 de octubre se hará una marcha en apoyo a los indígenas y a las manifestaciones laborales de los corteros y de funcionarios de la rama judicial. Y con esa misma causa, se hará un paro nacional el 23 de octubre. La movilización (y los enfrentamientos) ya han llamado la atención de la comunidad internacional. En la mañana de este martes, se reunieron funcionarios de las embajadas de Canadá, Suecia, Estados Unidos y España con organismos humanitarios para enviar una comisión de Naciones Unidas desde este jueves a donde se están haciendo las protestas. La idea es verificar que no haya abusos de fuerza por parte de la fuerza pública y que ayuden a mediar en el conflicto que, por ahora, gobierno e indígenas no han podido resolver.
Jueves 16 Octubre 2008
Como un intento por denunciar atropellos y asesinatos contra su comunidad así como el incumplimiento, según ellos, de los compromisos en asistencia social, acordados con el gobierno nacional desde años atrás, miles de indígenas en diferentes zonas del país iniciaron una movilización masiva hacia centros urbanos y vías principales.
Es por eso que en los últimos días bloquearon la Vía Panamericana, en Cauca; se tomaron la Defensoría del Pueblo en Quibdo (Chocó) y se han registrado pedreas en Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, y marchas en la Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá. Los enfrentamientos han dejado ya como saldo 100 indígenas heridos y 2 muertos, según las cifras que recoge ONIC y 10 policías heridos.
“Nosotros rechazamos la violencia, pero nos obligan a defendernos”, dijo Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC. Los enfrentamientos entre indígenas y policías que han llenado las pantallas de televisión no son un capricho rebelde de algunos indígenas que decidieron salir a arrojarles piedras a la Fuerza Pública.
Se trata de una manifestación que tiene razones de fondo. El primer motivo es lo que consideran un exterminio de indígenas. En su base de datos, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha registrado 1.240 muertes desde 2002. Sin embargo las cifras muestran una mejoría notable de la situación hasta 2007: mientras en 2002 la ONIC reportó 426 indígenas asesinados, en 2007 el número bajó a 44. La preocupación ahora es que en lo que va de 2008 los casos volvieron a subir y van en 66 indígenas asesinados. También les preocupa que varios de los 102 pueblos indígenas que tiene Colombia están en peligro de desaparecer. A 18 les quedan actualmente menos de 200 habitantes y diez tienen menos de 100.
En Colombia la ONIC reconoce que existen 1.378.884 indigenas. Muchos resguardos tienen la fortuna de habitar en tierras ricas en recursos naturales y en zonas estratégicas para salir al mar, zonas de frontera o corredores que conectan unas regiones a otras. Pero esa fortuna es parte de la razón de sus desdichas. Muchos intereses están tras sus territorios, defendidos por los nativos más por la tradición cultural que significa para sus pueblos que por la riqueza económica que han sacado de ellos. Los narcotraficantes y grupos armados quieren cultivar coca y transportarla por las tierras donde están los indígenas y quieren entrar por ellas sus armas de contrabando. Los empresarios y multinacionales quieren explotar sus recursos, cultivar palma o construir vías en esas tierras.
El gobierno, por su parte, ha mostrado su incondicional apoyo a las inversiones, a tal punto, de crear normas como el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, la Ley de Aguas y el Código Minero que “optan por favorecer los intereses económicos y contribuyen al despojo territorial”, según los indígenas manifestantes. Esas normas indisponen a los indígenas porque desconocen la consulta previa a los indígenas para conocer sus puntos de vista sobre el uso que se les dará a los suelos. Ese es un derecho que les otorgó la propia Constitución Política en su artículo 120, cuando dice que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley”. La ocupación de sus suelos ha hecho que 53.885 indígenas hayan dejado sus tierras durante los últimos seis años, según datos de varias ONG y organismos humanitarios.
El derecho a la vida y a la tierra que tanto reclaman los indígenas colombianos son dos de los tantos derechos proclamados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007. Lo más desconcertante es que el único país latinoamericano que no la firmó fue Colombia. Fuera de eso, según Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, los indígenas han suscrito acuerdos con el gobierno para tener ayudas en salud, tierras, infraestructura, alimentación y derechos humanos, pero jamás se han cumplido.
¿Qué solución hay?
Para resolver eso problemas tan ancestrales como sus culturas, los indígenas proponen reunirse directamente con el presidente Álvaro Uribe y con nadie más. Incluso, Berito Cobaría, líder de los u’wa, en Cauca, dijo que si el presidente no iba a donde están los indígenas, ellos viajarían hasta Bogotá. Sin embargo, este martes varios líderes indígenas han tenido acercamientos con la viceministra del Interior, María Isabel Nieto; el gobernador del Cauca, Guillermo González, y el viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar Rueda.
La movilización indígena puede tomar proporciones mayores, en parte por que coincide con un momento de gran agitación social en todo el país y en muchos sectores. Los indígenas han recibido recientemente el apoyo de varias organizaciones sociales. Entre ellas, está la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que este jueves, durante una reunión con el presidente Álvaro Uribe, reclamó por un diálogo con los indígenas y no un tratamiento bélico. Además, el 16 de octubre se hará una marcha en apoyo a los indígenas y a las manifestaciones laborales de los corteros y de funcionarios de la rama judicial. Y con esa misma causa, se hará un paro nacional el 23 de octubre. La movilización (y los enfrentamientos) ya han llamado la atención de la comunidad internacional. En la mañana de este martes, se reunieron funcionarios de las embajadas de Canadá, Suecia, Estados Unidos y España con organismos humanitarios para enviar una comisión de Naciones Unidas desde este jueves a donde se están haciendo las protestas. La idea es verificar que no haya abusos de fuerza por parte de la fuerza pública y que ayuden a mediar en el conflicto que, por ahora, gobierno e indígenas no han podido resolver.
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