Por: Laura TedescoFundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE)
En agosto de 1985 el entonces Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, anunció el establecimiento de una serie de medidas económicas. En un mensaje lleno de dramatismo, justificó el conjunto de medidas neoliberales con una frase contundente: Bolivia se nos muere.
Bolivia no ha muerto, pero agoniza de forma violenta. La turbulencia política la acompaña desde hace décadas. En las últimas semanas el enfrentamiento entre el gobierno de Evo Morales y los autonomistas de las provincias de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba se ha agravado, con víctimas mortales, heridos y desaparecidos. El gobierno nacional implementó el estado de sitio en el departamento de Pando logrando una tensa calma que finalizó con el arresto del gobernador por desacato de la medida de emergencia. Tras una reunión de los gobiernos latinoamericanos en el marco de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), ha comenzado el diálogo y pueden abrirse oportunidades para cierto optimismo.
El conflicto existente representa una lucha por la estructura económica del país, su propiedad y la propiedad de su producción. La mayoría indígena ha cuestionado el modelo de exclusión y marginación y una de las principales causas de los enfrentamientos se origina en que la antigua elite política, aún dominante en términos económicos, se niega a aceptar la redistribución de los recursos económicos y políticos. Más a fondo, los problemas actuales de la política boliviana son parte de un proceso histórico de formación del Estado. Si bien el proceso es complejo, se está llevando a cabo una transformación del Estado boliviano que podría impulsar la construcción de un consenso que dé lugar a un nuevo contrato social.
- Bases contractuales
El contrato social, una idea tradicional en el estudio de la formación del Estado nacional, supone que los individuos acuerdan vivir juntos bajo un marco legal que les otorga derechos y obligaciones, y la autoridad de las instituciones del Estado es la que hace cumplir estas reglas . Las reglas se concentran en la protección de los individuos y sus propiedades frente a otros individuos, otros Estados y ellos mismos. Este contrato se basa en egoísmo y solidaridad y otorga beneficios colectivos e individuales. Cada individuo que apoya al contrato espera beneficios de él y éstas son las razones principales que conducen a firmar el contrato y aceptar la autoridad del estado. Estos beneficios se generan a través de la cadena de solidaridad que se establece gracias al contrato social , y están protegidos por los principios de justicia que se crean en una sociedad como una parte fundamental del contrato. Históricamente, la idea del contrato social ha ayudado a mantener la legitimidad del Estado.
Durante los años 80 se produjo en América Latina un hecho paradójico: el regreso de la democracia política acentúo la desigualdad. En el caso de Bolivia se ha producido una constante presión para modificar implícita o explícitamente un contrato social que legitima esa desigualdad.
Durante los años 80 se produjo en América Latina un hecho paradójico: el regreso de la democracia política acentúo la desigualdad. En el caso de Bolivia se ha producido una constante presión para modificar implícita o explícitamente un contrato social que legitima esa desigualdad.
Existe una diferencia esencial entre el establecimiento de la democracia como un régimen político (elecciones libres, derechos civiles y políticos, separación de poderes como requerimientos mínimos) y la democratización del Estado como un contrato social, que refleja las relaciones sociales existentes, y como un conjunto de instituciones. La igualdad política puede perder su sentido en un contexto de desigualdades económicas y sociales profundas y persistentes. Así, al establecimiento de la democracia política debe seguirle un proceso de democratización del Estado. El Estado democrático debe tener como uno de sus objetivos principales la construcción de instituciones enmarcadas en el concepto Weberiano de legalidad y racionalidad en un contexto de equidad social y económica.
La inestabilidad política de Bolivia muestra que el contrato social existente está cuestionado. La élite política y económica ha ido perdiendo legitimidad tanto durante los regímenes autoritarios como los democráticos. Durante los años noventa, la sociedad civil adquirió la fuerza suficiente para bloquear las políticas de los distintos gobiernos sin poder articular una propuesta. A la vez, se realizaron una serie de reformas para la descentralización del Estado que otorgaron más poder a nivel local. La llegada de Evo Morales a la presidencia significó que aquellos que cuestionaban la legitimidad del contrato social -que mantenía unas relaciones sociales que condenaban a la mayoría indígena a la marginalidad- podían presentar una propuesta de cambio y un programa de gobierno en un marco democrático.
El gobierno de Morales cuestionó el papel del Estado en relación a la cuestión étnica, a la propiedad de la tierra y de los recursos naturales, y a la distribución de la riqueza. Estos tres factores, relanzaron, a la vez, el debate sobre la nación y su identidad. En términos políticos y económicos esto se tradujo en programas de nacionalización y redistribución de la riqueza y en una reforma constitucional y legislativa en las que la mayoría indígena adquiere nuevos derechos.
Este proceso de modificación de los términos del contrato social que da vida al Estado y sus relaciones sociales, implica ganadores y perdedores y genera conflictos. En Bolivia gana terreno la idea de un empate técnico. Parecería que nadie tiene el poder político necesario para imponer un nuevo contrato social, para sentar las bases de un nuevo Estado. Y en este escenario, nadie gana pero indefectiblemente todos están perdiendo. Algunos analistas indican que se puede llegar al empate catastrófico, que bloquea todas las opciones y puede generar más violencia.
Mientras la mayoría indígena aceptaba las antiguas reglas de juego y apenas participaba en la toma de decisiones, la élite dominante, en términos políticos y económicos sostenía un contrato social profundamente desigual. Una vez que la mayoría indígena puede producir una propuesta política se encuentra estancada por el enfrentamiento originado por la élite, políticamente desarticulada pero, aún, económicamente dominante. Y Bolivia, en lugar de morirse como vaticinó Paz Estenssoro, se sumerge en un Estado de naturaleza hobbesiano y en una tradicional lucha de clases que, por el momento, ha alcanzado, un empate.
El país está atravesando tiempos complejos y violentos que tienen un alto coste para la población, y que preocupa a los vecinos. Este conflicto retrasa, además, un crecimiento económico duradero. Sin embargo, este proceso puede ser también interpretado como un intento de reescribir el contrato social en un marco incluyente. Para ello es necesario descartar los discursos que polarizan a la sociedad y construir un consenso que ayude a la transformación del contrato social y las instituciones del Estado. En este proceso de construcción habrá ganancias y pérdidas como Hobbes, Rousseau y Locke señalaron al describir el abandono del estado de naturaleza para vivir bajo la autoridad del Estado.
Se enfrentan en Bolivia dos mundos, dos clases, dos modelos de izquierda política y económica y dos modelos políticos regionales. La estabilidad de Brasil, Chile, Uruguay -junto con los menos estables como Colombia y Perú- frente a la inestabilidad, la lucha permanente, el disenso creativo y destructivo de Chávez y alguno de sus aliados circunstanciales. Afortunadamente, el punto de vista conciliador del presidente Lula da Silva preponderó en la reunión de UNASUR en Santiago de Chile, mostrando, por otra parte, la importante capacidad de gestión y prevención de conflictos que hay en el continente latinoamericano.
Los países de la región junto a Estados Unidos, España y el resto de Europa deberían acompañar el proceso boliviano sin injerencias y con el fi n de garantizar la continuidad del sistema democrático. Es un dato positivo que la región haya podido colaborar con el gobierno boliviano defendiendo su legitimidad en un tono conciliador y prescindiendo de Estados Unidos. El papel de los actores externos es ayudar a establecer en Bolivia un diálogo con el fin de encontrar consensos que permitan diseñar un nuevo contrato social.
El Estado se comienza a construir cuando la polarización, las amenazas verbales, los insultos, la lucha y la prepotencia dejan lugar al diálogo y la construcción de consenso. Los actores bolivianos deberían ser conscientes que ni la avaricia desmedida de unos ni el rencor histórico de los otros pueden ser los pilares del contrato social.
Fuente: www.fride.org
La inestabilidad política de Bolivia muestra que el contrato social existente está cuestionado. La élite política y económica ha ido perdiendo legitimidad tanto durante los regímenes autoritarios como los democráticos. Durante los años noventa, la sociedad civil adquirió la fuerza suficiente para bloquear las políticas de los distintos gobiernos sin poder articular una propuesta. A la vez, se realizaron una serie de reformas para la descentralización del Estado que otorgaron más poder a nivel local. La llegada de Evo Morales a la presidencia significó que aquellos que cuestionaban la legitimidad del contrato social -que mantenía unas relaciones sociales que condenaban a la mayoría indígena a la marginalidad- podían presentar una propuesta de cambio y un programa de gobierno en un marco democrático.
El gobierno de Morales cuestionó el papel del Estado en relación a la cuestión étnica, a la propiedad de la tierra y de los recursos naturales, y a la distribución de la riqueza. Estos tres factores, relanzaron, a la vez, el debate sobre la nación y su identidad. En términos políticos y económicos esto se tradujo en programas de nacionalización y redistribución de la riqueza y en una reforma constitucional y legislativa en las que la mayoría indígena adquiere nuevos derechos.
Este proceso de modificación de los términos del contrato social que da vida al Estado y sus relaciones sociales, implica ganadores y perdedores y genera conflictos. En Bolivia gana terreno la idea de un empate técnico. Parecería que nadie tiene el poder político necesario para imponer un nuevo contrato social, para sentar las bases de un nuevo Estado. Y en este escenario, nadie gana pero indefectiblemente todos están perdiendo. Algunos analistas indican que se puede llegar al empate catastrófico, que bloquea todas las opciones y puede generar más violencia.
Mientras la mayoría indígena aceptaba las antiguas reglas de juego y apenas participaba en la toma de decisiones, la élite dominante, en términos políticos y económicos sostenía un contrato social profundamente desigual. Una vez que la mayoría indígena puede producir una propuesta política se encuentra estancada por el enfrentamiento originado por la élite, políticamente desarticulada pero, aún, económicamente dominante. Y Bolivia, en lugar de morirse como vaticinó Paz Estenssoro, se sumerge en un Estado de naturaleza hobbesiano y en una tradicional lucha de clases que, por el momento, ha alcanzado, un empate.
El país está atravesando tiempos complejos y violentos que tienen un alto coste para la población, y que preocupa a los vecinos. Este conflicto retrasa, además, un crecimiento económico duradero. Sin embargo, este proceso puede ser también interpretado como un intento de reescribir el contrato social en un marco incluyente. Para ello es necesario descartar los discursos que polarizan a la sociedad y construir un consenso que ayude a la transformación del contrato social y las instituciones del Estado. En este proceso de construcción habrá ganancias y pérdidas como Hobbes, Rousseau y Locke señalaron al describir el abandono del estado de naturaleza para vivir bajo la autoridad del Estado.
Se enfrentan en Bolivia dos mundos, dos clases, dos modelos de izquierda política y económica y dos modelos políticos regionales. La estabilidad de Brasil, Chile, Uruguay -junto con los menos estables como Colombia y Perú- frente a la inestabilidad, la lucha permanente, el disenso creativo y destructivo de Chávez y alguno de sus aliados circunstanciales. Afortunadamente, el punto de vista conciliador del presidente Lula da Silva preponderó en la reunión de UNASUR en Santiago de Chile, mostrando, por otra parte, la importante capacidad de gestión y prevención de conflictos que hay en el continente latinoamericano.
Los países de la región junto a Estados Unidos, España y el resto de Europa deberían acompañar el proceso boliviano sin injerencias y con el fi n de garantizar la continuidad del sistema democrático. Es un dato positivo que la región haya podido colaborar con el gobierno boliviano defendiendo su legitimidad en un tono conciliador y prescindiendo de Estados Unidos. El papel de los actores externos es ayudar a establecer en Bolivia un diálogo con el fin de encontrar consensos que permitan diseñar un nuevo contrato social.
El Estado se comienza a construir cuando la polarización, las amenazas verbales, los insultos, la lucha y la prepotencia dejan lugar al diálogo y la construcción de consenso. Los actores bolivianos deberían ser conscientes que ni la avaricia desmedida de unos ni el rencor histórico de los otros pueden ser los pilares del contrato social.
Fuente: www.fride.org
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