Por: Miguel Kottow
En torno a la muerte de Eluana Englaro se ha tejido una maraña de opiniones, decisiones médicas, dictámenes judiciales y afanes legales que confunden a cualquiera e impiden abordar la reflexión del caso en forma prudente, así como ponderar su significado para la bioética. En buena hora se ha vitalizado el debate también en nuestro país: se argumenta, se ventila posturas, se defiende valores. Es de desear que legisladores y ejecutores ministeriales de las leyes pulsen con acuciosidad el sentir de la sociedad civil y se aboquen a dictar normativas basadas en la legitimidad ética otorgada por el debate democrático, en vez de imponerlas desde una autoridad que opera de espaldas a la ciudadanía.
Para sacar provecho a la deliberación, es conveniente apurar los términos y afinar los conceptos. Que Eluana no pudiese expresarse queda saldado por nueve años de solicitud paterna representando legal y moralmente a su hija por ejercer el derecho a no seguir viviendo. Más aún, la solicitud directa de ayuda para morir por personas lúcidas pero profundamente discapacitadas o críticamente enfermas tampoco garantiza que serán oídas, ni Eluana hubiese sido más convincente en caso de poder comunicar sin intermediarios su deseo de no seguir viviendo.
Sostener que el derecho a la vida hace inaceptable la eutanasia es un error de concepto, pues todo derecho es de ejercicio voluntario; tener un derecho implica ejercerlo a discreción y no por obligación. Quien tiene derecho a expresarse libremente también lo tiene de callar. Quien tiene el derecho de vivir, también tiene el derecho de no vivir. El derecho a la vida significa que cada uno puede requerir protección para no ver amenazada su existencia, pero también implica que cada uno puede ejercer el derecho a no seguir viviendo.
La filosofía política enseña desde el siglo XVII que la obligación del Estado por respetar a la vida se refiere a la protección personal de los ciudadanos contra agresiones y amenazas indeseadas. Tal es el sentido que tiene el derecho a la vida expresado en nuestra Constitución, ¡y eso en 1980! Desear o provocar la propia muerte no es materia que competa a la Constitución, ni debiera ser sancionado por el Estado: no en vano ya no es penalizado el suicidio. El uso incorrecto de un derecho a la vida hace caer en contradicciones como las de un ex-Presidente de EE.UU., quien adujo el argumento pro vida para rechazar la investigacion en células embrionarias al mismo tiempo que desencadenaba en Irak una feroz guerra en nombre de la democracia y la libertad.
Tampoco es asunto del Juramento Hipocrático, que requiere del médico a nadie darle droga mortal pero no se refiere a la eutanasia. Ninguna interpretación permite sostener que Eluana recibió indebidamente una droga mortal. El médico tiene por mandato prevenir y curar enfermedades, así como paliar padecimientos que no logra eliminar. Su función no es obstinarse en preservar la vida a toda costa, ni menos contra la voluntad de las personas. Aceptada una legítima solicitud por acelerar la propia muerte, es de esperar que el médico ejerza la compasión –que no por infrecuente es menos valiosa- de llevar a cabo el proceso de muerte de la forma más incruenta posible y sin dilatarla en el tiempo. Si Eluana murió al tercer día de suspendidos los soportes vitales ello debe celebrarse como un cumplimiento decoroso de la decisión tomada. La moralidad de la eutanasia depende que sea legítimamente solicitada y compasivamente llevada a cabo.
La medicina paliativa ha evolucionado substancialmente, pero si una persona desea morir es porque no ha recibido paliativos adecuados. Hay dolores cancerosos que no responden a analgésicos o requieren dosis que precipitan al paciente en un sopor profundo, equivalente a un estado comatoso. Hay sufrimientos por discapacidades que no tienen paliativos, como la tetraplegia sufrida por Ramón Sanpedro y relatada en “Mar adentro”. La medicina paliativa, como toda práctica médica sofisticada, no está al alcance de todos ni es subvencionada en forma suficiente. Nadie puede negarle a una persona si considera preferible morir que sentar sus expectativas en medidas paliativas que no le sirven o no llegan.
Hay bastante más y habrá que volver sobre el tema. El caso Eluana invita a dejar de discutir con ánimo de imponer opiniones, para preferir el debate como medio de plantear diversas ideas que pudiesen convivir en tolerancia.
Fuente: La Tercera.cl (http://blog.latercera.com/blog/mkottow/entry/eutanasia_un_hito_en_el)
En torno a la muerte de Eluana Englaro se ha tejido una maraña de opiniones, decisiones médicas, dictámenes judiciales y afanes legales que confunden a cualquiera e impiden abordar la reflexión del caso en forma prudente, así como ponderar su significado para la bioética. En buena hora se ha vitalizado el debate también en nuestro país: se argumenta, se ventila posturas, se defiende valores. Es de desear que legisladores y ejecutores ministeriales de las leyes pulsen con acuciosidad el sentir de la sociedad civil y se aboquen a dictar normativas basadas en la legitimidad ética otorgada por el debate democrático, en vez de imponerlas desde una autoridad que opera de espaldas a la ciudadanía.
Para sacar provecho a la deliberación, es conveniente apurar los términos y afinar los conceptos. Que Eluana no pudiese expresarse queda saldado por nueve años de solicitud paterna representando legal y moralmente a su hija por ejercer el derecho a no seguir viviendo. Más aún, la solicitud directa de ayuda para morir por personas lúcidas pero profundamente discapacitadas o críticamente enfermas tampoco garantiza que serán oídas, ni Eluana hubiese sido más convincente en caso de poder comunicar sin intermediarios su deseo de no seguir viviendo.
Sostener que el derecho a la vida hace inaceptable la eutanasia es un error de concepto, pues todo derecho es de ejercicio voluntario; tener un derecho implica ejercerlo a discreción y no por obligación. Quien tiene derecho a expresarse libremente también lo tiene de callar. Quien tiene el derecho de vivir, también tiene el derecho de no vivir. El derecho a la vida significa que cada uno puede requerir protección para no ver amenazada su existencia, pero también implica que cada uno puede ejercer el derecho a no seguir viviendo.
La filosofía política enseña desde el siglo XVII que la obligación del Estado por respetar a la vida se refiere a la protección personal de los ciudadanos contra agresiones y amenazas indeseadas. Tal es el sentido que tiene el derecho a la vida expresado en nuestra Constitución, ¡y eso en 1980! Desear o provocar la propia muerte no es materia que competa a la Constitución, ni debiera ser sancionado por el Estado: no en vano ya no es penalizado el suicidio. El uso incorrecto de un derecho a la vida hace caer en contradicciones como las de un ex-Presidente de EE.UU., quien adujo el argumento pro vida para rechazar la investigacion en células embrionarias al mismo tiempo que desencadenaba en Irak una feroz guerra en nombre de la democracia y la libertad.
Tampoco es asunto del Juramento Hipocrático, que requiere del médico a nadie darle droga mortal pero no se refiere a la eutanasia. Ninguna interpretación permite sostener que Eluana recibió indebidamente una droga mortal. El médico tiene por mandato prevenir y curar enfermedades, así como paliar padecimientos que no logra eliminar. Su función no es obstinarse en preservar la vida a toda costa, ni menos contra la voluntad de las personas. Aceptada una legítima solicitud por acelerar la propia muerte, es de esperar que el médico ejerza la compasión –que no por infrecuente es menos valiosa- de llevar a cabo el proceso de muerte de la forma más incruenta posible y sin dilatarla en el tiempo. Si Eluana murió al tercer día de suspendidos los soportes vitales ello debe celebrarse como un cumplimiento decoroso de la decisión tomada. La moralidad de la eutanasia depende que sea legítimamente solicitada y compasivamente llevada a cabo.
La medicina paliativa ha evolucionado substancialmente, pero si una persona desea morir es porque no ha recibido paliativos adecuados. Hay dolores cancerosos que no responden a analgésicos o requieren dosis que precipitan al paciente en un sopor profundo, equivalente a un estado comatoso. Hay sufrimientos por discapacidades que no tienen paliativos, como la tetraplegia sufrida por Ramón Sanpedro y relatada en “Mar adentro”. La medicina paliativa, como toda práctica médica sofisticada, no está al alcance de todos ni es subvencionada en forma suficiente. Nadie puede negarle a una persona si considera preferible morir que sentar sus expectativas en medidas paliativas que no le sirven o no llegan.
Hay bastante más y habrá que volver sobre el tema. El caso Eluana invita a dejar de discutir con ánimo de imponer opiniones, para preferir el debate como medio de plantear diversas ideas que pudiesen convivir en tolerancia.
Fuente: La Tercera.cl (http://blog.latercera.com/blog/mkottow/entry/eutanasia_un_hito_en_el)
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