El rasgo más importante de la política colombiana en los últimos 15 años ha sido la relación entre mafias y política, o su versión más reciente la alianza entre paramilitares y políticos. No es que antes de los años 90 no existiesen mafias y paramilitares o que estos no quisieran influir en la política. Tampoco quiere decir que con anterioridad los políticos no aceptaran compromisos con actores ilegales. Desde los años 70 podemos identificar relaciones entre la mafia y la política, pero es a finales del siglo cuando estos acuerdos se convierten en el factor más dinamizador y perturbador de la vida pública.
¿Cómo se llegó a esta situación? Hay cuatro elementos determinantes: 1. la configuración de una clase emergente que ha buscado incesantemente su inclusión en la vida nacional. 2. La decisión de las élites regionales de resistir a los cambios democráticos y a las iniciativas de paz. 3. La radicalización y degradación de la acción guerrillera. 4. El hallazgo de un modelo de poder local basado en la confluencia entre políticos y paramilitares ensayado por primera vez en Urabá. Para mediados de los años 90, Colombia concentró la producción y el tráfico de cocaína que antes compartía con Perú y Bolivia. Desde esa época hasta hoy ha enviado hacia el exterior un promedio de 500 toneladas de cocaína por año. Nada menos que 10.000 millones de dólares si tasamos el kilo a 20.000 dólares.
Este dinero se ha difuminado en toda la sociedad y ha potenciado la conformación de un gran grupo humano con identidades sociales, culturales y económicas que lo asemejan a una verdadera clase social. Ya no se trata de delincuentes aislados o de simples carteles de la droga. Son miles de personas que habitan en todas las regiones y tienen intereses comunes que quieren hacer valer en la vida pública mediante la presión y la violencia, pero también mediante la negociación y la concertación.
A la par de esto, las élites regionales que habían gobernado por más de 100 años mediante un sistema bien armado de clientelismo regional y transacción con las élites nacionales empezaron a sentir el impacto de la elección de alcaldes y las transformaciones políticas que trajo la Constitución de 1991 con la circunscripción nacional de Senado y el impulso al voto de opinión. Se espantaron ante la posibilidad de que estas reformas y unas posibles negociaciones de paz con las guerrillas les cambiaran el mapa político en las regiones y dieran origen a un régimen pluralista.
Es Edward Gibson, un estudioso de las transiciones políticas, quien devela esta reacción de las élites en el texto Autoritarismos Subnacionales: "En un país democrático o en proceso de democratización, la preservación del autoritarismo subnacional es un producto de estrategias territoriales perseguidas por las élites políticas locales.
"En respuesta a la democratización nacional, las élites autoritarias subnacionales adelantan estrategias para controlar a los actores políticos en la provincia, preservar la autonomía ante influencias nacionales y mejorar su capacidad de negociación con actores políticos del centro".
Modelo Castaño
Un extraño designio de nuestra historia vino a anudar los intereses de la clase emergente venida de los dineros del narcotráfico, con la pretensión de las élites locales de conservar su poder político. La primera quería negociar su inclusión en la vida nacional y alejar el fantasma de la extradición, la segunda aspiraba a mantener el usufructo de la gobernabilidad local y anular los efectos de las reformas. Los primeros ensayos estuvieron a cargo de Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela. El uno se lanzó directamente a la arena política y los otros quisieron influir de forma indirecta invirtiendo grandes sumas de dinero en la campaña de terceros. Pero fueron los paramilitares de finales de los años 90 quienes llegaron más lejos.
Contaron con otro ingrediente que catapultó esta alianza perversa: las guerrillas querían destrozar los gobiernos locales, habían entrado a competir por el control del negocio del narcotráfico y estaban asolando a los empresarios agrícolas mediante el secuestro y la extorsión. Fueron los propios jefes paramilitares, en una entrevista con investigadores de la Corporación Arco Iris, quienes describieron con lujo de detalles la manera como la clase política acudió a ellos para buscar un pacto. Argumentaban que los avances electorales de la izquierda y las negociaciones de paz entre las Farc y Pastrana desequilibrarían la política regional.
El modelo de gobierno paramilitar ¿que luego se pondría en práctica en más de 250 municipios del país¿ se ensayó en Urabá entre 1994 y 1998. Las declaraciones de los jefes paramilitares Fredy Rendón, Salvatore Mancuso y Éver Veloza, han venido a corroborar lo que todo el mundo sabía: que en esa región se gestó una alianza entre dirigentes políticos, militares activos, compañías multinacionales, empresarios y paramilitares para imponer un régimen de terror y consolidar una nueva forma de gobernar.
El modelo se lo inventó Carlos Castaño, quien se encontró con una justificación nada desdeñable: en la región se había puesto en práctica, desde mediados de los años 80, la "combinación de todas las formas de lucha" por parte de la guerrilla. Estas fuerzas a la vez que combatían con las armas ejercían su influencia en los sindicatos y en las alcaldías para demandar reivindicaciones salariales y desarrollar su poder político a través de la Unión Patriótica y el Frente Popular.
El experimento de Castaño tendría un padrino muy especial: el general Rito Alejo del Río, quien llegó a la brigada XVII a finales de 1995 durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. En apenas cuatro años arrinconaron a las Farc, diezmaron a la Unión Patriótica, recuperaron las 10 alcaldías logradas por la izquierda y pusieron a los sindicatos a desarrollar una política congruente con los patronos.
Luego este modelo se trasladaría a otras regiones. De Urabá y de Córdoba saldrían paramilitares para el sur y el oriente del país en aviones auspiciados por los militares o en camiones que pasaban tranquilamente infinidad de retenes.
El horror se multiplicó hasta el infinito. Tanto, que hoy la Fiscalía habla de 10.000 desaparecidos y 3.800 fosas comunes, y las estadísticas oficiales registran cerca de tres millones de desplazados.
Mediante esta alianza conquistaron en 2002 una tercera parte del Congreso y en 2003 alcanzaron 251 alcaldías, nueve gobernaciones y más de 4.000 concejales. Después vendrían las negociaciones de paz. Todo hacía pensar que lograrían el cometido de legalización de fortunas y el afianzamiento político en la mayoría de las regiones. Pero por el camino se dañó el proceso y se atravesó la Corte Suprema, vino la extradición de los jefes paramilitares y se inició el juicio a la parapolítica. Ahora volvemos a un terreno incierto. No sabemos si terminará por fin la alianza entre mafias y políticos o resurgirá bajo nuevas modalidades.
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