Hace pocos días la política exterior del gobierno colombiano sufrió la más reciente de una ya larga serie de derrotas en el plano diplomático y de sus relaciones internacionales. A finales de mayo del año en curso, el parlamento canadiense se rehusó a ratificar un tratado de libre comercio con Colombia, debido a los altos niveles de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se han venido presentado durante los 7 años de mandato del actual gobierno. De nada sirvió la presencia del presidente Uribe frente a los legisladores canadienses, las pruebas y cifras esgrimidas en su contra fueron contundentes (1625 falsos positivos, sindicalistas muertos, la parapolítica, el escándalo del DAS, desplazamiento forzado, etc.).
Este hecho vino a desnudar la total ausencia de una política exterior seria y coherente por parte del gobierno colombiano, ya que durante los últimos 7 años, esta ha girado casi exclusivamente en torno a la ratificación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, hecho que hasta este momento no ha sucedió (por el alto número de sindicalistas muertos en Colombia), de hecho, de nada han valido los sucesivos viajes del presidente Uribe a Washington, ya que la bancada demócrata de ese país le ha manifestado una y otra vez que la ratificación de dicho tratado no es una prioridad para ellos.
Si a esto se suman las dos resoluciones de la Organización de Estados Americanos, en las que este organismo multilateral rechazó unánimemente el ataque que realizaron las Fuerzas Armadas colombianas con apoyo de militares norteamericanos a un campamento de las FARC-EP ubicado en territorio ecuatoriano y la negativa de todos los países de la región (excepto Estados Unidos) de declarar como grupo terrorista a dicha organización armada. Se puede apreciar que su afán por regionalizar un conflicto armado que a toda costa busca desconocer y minimizar también ha fracasado.
Otro rasgo característico de la diplomacia colombiana durante estos últimos 7 años ha sido la reiterada utilización del servicio exterior para pagar favores políticos y esconder a delincuentes, no es casual que el ex embajador de Colombia en Chile Salvador Arana, se encuentre preso (acusado de nexos con los paramilitares de Sucre y estar involucrado en la muerte de un alcalde) después de haber estado prófugo por más de un año, que el ex cónsul de Colombia en Milán y ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, Jorge Noguera, esté privado de la libertad por nexos con grupos paramilitares “que rayaron casi en la militancia”, según el ente acusador, o que el ex embajador en Republica Dominicana Juan José Chaux, haya tenido que renunciar y entregarse a la fiscalía por mantener estrechas relaciones con narcotraficantes del suroccidente colombiano y de haber sido uno de los organizadores de una reunión de emisarios paramilitares en la casa de Nariño (sede de gobierno), o que en estos momentos se cierna un manto de sospecha sobre el embajador de Colombia en México Juan Camilo Osorio, porque durante su paso por la dirección de la Fiscalía General de la Nación, se cerraron una gran cantidad de investigaciones contra los grupos paramilitares y se expulsó de de esta institución a los fiscales que adelantaban dichas investigaciones.
Habría que preguntarle a la cancillería colombiana qué méritos o experiencia académica, diplomática o laboral, bueno, salvo ser uribistas furibundos, tienen, por tomar sólo unos cuantos casos, los embajadores y ex embajadores de Colombia en Sudáfrica (un comentarista deportivo), en Republica Dominicana (un ex general que salió del ejército en medio del escándalo de los falsos positivos), el cónsul de Colombia en Santiago de Chile (joven precoz en el tema de las relaciones internacionales, comparable sólo con el famoso jurista holandés Hugo Grocio), o en que quedaron las acusaciones de un embajador saliente de Colombia en Chile, quien acuso públicamente a su sucesor de haber tenido vínculos con un cartel de la droga. Lo más seguro es que estas preguntas queden sin respuesta y que por deducción se encuentre un hilo conductor que una a estas personas con las campañas de elección y reelección del actual gobierno o con los grupos paramilitares ligados al narcotráfico y el papel determinante que estos jugaron en la primera fase de la política de seguridad democrática.
Les aclaro nuevamente a los lectores que el hecho de criticar la política exterior del gobierno no me hace enemigo de Colombia o simpatizante del terrorismo y que quedarme callado y aplaudir ciega y acráticamente las políticas del presidente Uribe no me convierten en un patriota o un mejor ciudadano. La crítica y el poder disentir con argumentos e ideas claras son componentes indispensables de cualquier democracia real.
Luis Fernando Trejos Rosero.
Este hecho vino a desnudar la total ausencia de una política exterior seria y coherente por parte del gobierno colombiano, ya que durante los últimos 7 años, esta ha girado casi exclusivamente en torno a la ratificación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, hecho que hasta este momento no ha sucedió (por el alto número de sindicalistas muertos en Colombia), de hecho, de nada han valido los sucesivos viajes del presidente Uribe a Washington, ya que la bancada demócrata de ese país le ha manifestado una y otra vez que la ratificación de dicho tratado no es una prioridad para ellos.
Si a esto se suman las dos resoluciones de la Organización de Estados Americanos, en las que este organismo multilateral rechazó unánimemente el ataque que realizaron las Fuerzas Armadas colombianas con apoyo de militares norteamericanos a un campamento de las FARC-EP ubicado en territorio ecuatoriano y la negativa de todos los países de la región (excepto Estados Unidos) de declarar como grupo terrorista a dicha organización armada. Se puede apreciar que su afán por regionalizar un conflicto armado que a toda costa busca desconocer y minimizar también ha fracasado.
Otro rasgo característico de la diplomacia colombiana durante estos últimos 7 años ha sido la reiterada utilización del servicio exterior para pagar favores políticos y esconder a delincuentes, no es casual que el ex embajador de Colombia en Chile Salvador Arana, se encuentre preso (acusado de nexos con los paramilitares de Sucre y estar involucrado en la muerte de un alcalde) después de haber estado prófugo por más de un año, que el ex cónsul de Colombia en Milán y ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, Jorge Noguera, esté privado de la libertad por nexos con grupos paramilitares “que rayaron casi en la militancia”, según el ente acusador, o que el ex embajador en Republica Dominicana Juan José Chaux, haya tenido que renunciar y entregarse a la fiscalía por mantener estrechas relaciones con narcotraficantes del suroccidente colombiano y de haber sido uno de los organizadores de una reunión de emisarios paramilitares en la casa de Nariño (sede de gobierno), o que en estos momentos se cierna un manto de sospecha sobre el embajador de Colombia en México Juan Camilo Osorio, porque durante su paso por la dirección de la Fiscalía General de la Nación, se cerraron una gran cantidad de investigaciones contra los grupos paramilitares y se expulsó de de esta institución a los fiscales que adelantaban dichas investigaciones.
Habría que preguntarle a la cancillería colombiana qué méritos o experiencia académica, diplomática o laboral, bueno, salvo ser uribistas furibundos, tienen, por tomar sólo unos cuantos casos, los embajadores y ex embajadores de Colombia en Sudáfrica (un comentarista deportivo), en Republica Dominicana (un ex general que salió del ejército en medio del escándalo de los falsos positivos), el cónsul de Colombia en Santiago de Chile (joven precoz en el tema de las relaciones internacionales, comparable sólo con el famoso jurista holandés Hugo Grocio), o en que quedaron las acusaciones de un embajador saliente de Colombia en Chile, quien acuso públicamente a su sucesor de haber tenido vínculos con un cartel de la droga. Lo más seguro es que estas preguntas queden sin respuesta y que por deducción se encuentre un hilo conductor que una a estas personas con las campañas de elección y reelección del actual gobierno o con los grupos paramilitares ligados al narcotráfico y el papel determinante que estos jugaron en la primera fase de la política de seguridad democrática.
Les aclaro nuevamente a los lectores que el hecho de criticar la política exterior del gobierno no me hace enemigo de Colombia o simpatizante del terrorismo y que quedarme callado y aplaudir ciega y acráticamente las políticas del presidente Uribe no me convierten en un patriota o un mejor ciudadano. La crítica y el poder disentir con argumentos e ideas claras son componentes indispensables de cualquier democracia real.
Luis Fernando Trejos Rosero.
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