Mientras los países de la región no internalicen el respeto a las instituciones por sobre los liderazgos y proyectos políticos personales, seguirán sufriendo la debilidad de sus democracias.
Esta semana, el Senado de Colombia aprobó la convocatoria a un referéndum -que debe todavía pasar por la Corte Constitucional y el Registro Electoral- para que los ciudadanos de ese país manifiesten si están de acuerdo con que el Presidente Alvaro Uribe pueda postular a una segunda reelección (la primera fue en 2006). Así, el mandatario, que cuenta con una muy alta popularidad, podría iniciar un nuevo período a partir de agosto de 2010.Desde la década del 90 se ha instaurado en América Latina una tendencia a la repetición de este tipo de procesos para prolongar la permanencia en el poder de los mandatarios en ejercicio. Así sucedió en Argentina con Carlos Menem, en Perú con Alberto Fujimori y en Brasil con Fernando Henrique Cardoso.
Actualmente, el fenómeno se manifiesta en Venezuela -que aprobó una enmienda constitucional que permite la reelección indefinida-, Bolivia, Ecuador y Colombia. En Brasil, los partidarios del actual mandatario ingresaron al Congreso un proyecto similar.Procesos de este tipo, que se articulan en torno a liderazgos específicos y buscan adecuar las reglas institucionales a la continuidad de sus respectivos proyectos políticos, terminan debilitando la democracia. Esta no consiste únicamente en convocar a la ciudadanía para que se exprese en las urnas sobre determinadas materias -entre ellas, la elección de autoridades en votación popular-, sino también en el respeto a los mecanismos institucionales que regulan el ejercicio del poder y que, a la larga, son las principales garantías para los derechos de las personas. Si las normas que rigen la generación de la autoridad presidencial están sujetas a modificaciones que nacen de la coyuntura -como la popularidad, necesariamente transitoria, de determinada figura-, el sistema queda sometido al arbitrio de los actores políticos del momento, no a las condiciones que fija la institucionalidad prevista para ello. Esas reglas buscan evitar que el ejercicio del poder termine siendo en función exclusiva de la perpetuación del gobernante de turno. Se trata de un fenómeno "transversal", pues cruza los ejes políticos que se han establecido en el último tiempo en la región, entre los partidarios de una izquierda populista -muy dependientes de liderazgos carismáticos- y los de gobiernos con instituciones aparentemente más fuertes y permanentes. Es una señal preocupante para la democracia en la región, pues sugiere que, como sistema político -con sus exigencias y normas de funcionamiento-, no ha arraigado profundamente.
La experiencia histórica enseña que los países que apuestan por los personalismos antes que por las instituciones tienen una fuerte tendencia a derivar hacia formas autoritarias. En ellos, la línea que separa los poderes del Estado se vuelve difusa y es la voluntad del Ejecutivo la que prevalece en las decisiones, ya sea por presión o por sometimiento del Poder Legislativo y el Judicial, a menudo ignorando los límites constitucionales. La misma facilidad con que se plantea modificar las reglas para la reelección permite augurar otros cambios en el futuro, cuando cambien las circunstancias y surjan nuevos liderazgos. En esta materia, por tanto, no existe el largo plazo, sino sólo la inmediatez de la coyuntura política. El potencial de crisis y episodios traumáticos es alto cuando ello ocurre.En Chile, entonces, se debe valorar que las autoridades no hayan caído en esta tentación de modificar las reglas del juego político en función de proyectos de corto plazo.
Esto ha contribuido de forma decisiva a que el país exhiba una madurez institucional que es reconocida internacionalmente, que le ha dado estabilidad a su sistema político y que es una fuente clave de una convivencia política sana en la que el conflicto es la excepción y no la norma. Mientras los países de la región no internalicen el respeto a las instituciones por sobre los liderazgos personales, seguirán sufriendo la debilidad de sus democracias.
Fuente: La Tercera
Esta semana, el Senado de Colombia aprobó la convocatoria a un referéndum -que debe todavía pasar por la Corte Constitucional y el Registro Electoral- para que los ciudadanos de ese país manifiesten si están de acuerdo con que el Presidente Alvaro Uribe pueda postular a una segunda reelección (la primera fue en 2006). Así, el mandatario, que cuenta con una muy alta popularidad, podría iniciar un nuevo período a partir de agosto de 2010.Desde la década del 90 se ha instaurado en América Latina una tendencia a la repetición de este tipo de procesos para prolongar la permanencia en el poder de los mandatarios en ejercicio. Así sucedió en Argentina con Carlos Menem, en Perú con Alberto Fujimori y en Brasil con Fernando Henrique Cardoso.
Actualmente, el fenómeno se manifiesta en Venezuela -que aprobó una enmienda constitucional que permite la reelección indefinida-, Bolivia, Ecuador y Colombia. En Brasil, los partidarios del actual mandatario ingresaron al Congreso un proyecto similar.Procesos de este tipo, que se articulan en torno a liderazgos específicos y buscan adecuar las reglas institucionales a la continuidad de sus respectivos proyectos políticos, terminan debilitando la democracia. Esta no consiste únicamente en convocar a la ciudadanía para que se exprese en las urnas sobre determinadas materias -entre ellas, la elección de autoridades en votación popular-, sino también en el respeto a los mecanismos institucionales que regulan el ejercicio del poder y que, a la larga, son las principales garantías para los derechos de las personas. Si las normas que rigen la generación de la autoridad presidencial están sujetas a modificaciones que nacen de la coyuntura -como la popularidad, necesariamente transitoria, de determinada figura-, el sistema queda sometido al arbitrio de los actores políticos del momento, no a las condiciones que fija la institucionalidad prevista para ello. Esas reglas buscan evitar que el ejercicio del poder termine siendo en función exclusiva de la perpetuación del gobernante de turno. Se trata de un fenómeno "transversal", pues cruza los ejes políticos que se han establecido en el último tiempo en la región, entre los partidarios de una izquierda populista -muy dependientes de liderazgos carismáticos- y los de gobiernos con instituciones aparentemente más fuertes y permanentes. Es una señal preocupante para la democracia en la región, pues sugiere que, como sistema político -con sus exigencias y normas de funcionamiento-, no ha arraigado profundamente.
La experiencia histórica enseña que los países que apuestan por los personalismos antes que por las instituciones tienen una fuerte tendencia a derivar hacia formas autoritarias. En ellos, la línea que separa los poderes del Estado se vuelve difusa y es la voluntad del Ejecutivo la que prevalece en las decisiones, ya sea por presión o por sometimiento del Poder Legislativo y el Judicial, a menudo ignorando los límites constitucionales. La misma facilidad con que se plantea modificar las reglas para la reelección permite augurar otros cambios en el futuro, cuando cambien las circunstancias y surjan nuevos liderazgos. En esta materia, por tanto, no existe el largo plazo, sino sólo la inmediatez de la coyuntura política. El potencial de crisis y episodios traumáticos es alto cuando ello ocurre.En Chile, entonces, se debe valorar que las autoridades no hayan caído en esta tentación de modificar las reglas del juego político en función de proyectos de corto plazo.
Esto ha contribuido de forma decisiva a que el país exhiba una madurez institucional que es reconocida internacionalmente, que le ha dado estabilidad a su sistema político y que es una fuente clave de una convivencia política sana en la que el conflicto es la excepción y no la norma. Mientras los países de la región no internalicen el respeto a las instituciones por sobre los liderazgos personales, seguirán sufriendo la debilidad de sus democracias.
Fuente: La Tercera
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