Nunca desde 1982, las FARC se habían mostrado tan proclives, al menos en su discurso, a aplicar el Derecho Internacional Humanitario, su manifestación de entregar el cadáver del capitán Guevara (fallecido en cautiverio hace 2 años), liberar unilateralmente al Cabo Moncayo (secuestrado desde hace 11 años), el comunicado dirigido a las comunidades indígenas excusándose por el asesinato de 9 indígenas de la etnia A´wa en el Departamento de Nariño a inicios de este año y su concesión de no pedir el despeje militar de ningún municipio para llevar a adelante el proceso de Acuerdo Humanitario, lo confirman. Claro que este radical cambio en su discurso se debe en gran parte a la presión militar que desde hace 2 años vienen ejerciendo en sus áreas de retaguardia estratégica las Fuerzas Militares y a su creciente desprestigio y aislamiento político nacional e internacional debido a la utilización reiterada de acciones armadas contra la población civil, su vinculación con el narcotráfico y continuar utilizando el secuestro como fuente de financiación. Estas prácticas han hecho que hasta el Partido Comunista Colombiano por primera vez en su historia, se distancie y critique públicamente a esta organización armada.
Este cuarto de hora en el que las FARC busca a toda costa mejorar su imagen y volver a ser considerados actores políticos legítimos, debe ser utilizado por la sociedad civil para presionar al gobierno para que suscriba Acuerdos Humanitarios Permanentes con esta organización armada. Si el gobierno revisara detenidamente la historia de los conflictos armados Centroamericanos (Guatemala y El Salvador), se daría cuenta que la firma de este tipo de Acuerdos fue la antesala de los diálogos y posteriores negociaciones de paz con las guerrillas de esos países. Lo preocupante es que si se tiene en cuenta el imperceptible pero sostenido ascenso en las acciones armadas de las FARC, y especialmente la realizada en el Municipio de Garzón (Huila), en la que un comando de esta organización, logro ingresar al casco urbano de dicho municipio, llegar a la sede del Consejo, secuestrar a un concejal y en su huida dar muerte a un policía, un militar y dos guardias privados, es preocupante, ya que desde el punto de vista militar y operacional, las FARC vuelven a tomarse confianza, poniendo en duda el dominio territorial del Estado en zonas que para las FARC tienen una alta carga de historia y simbolismo. Si la tendencia de estas acciones continua, me atrevo a afirmar que los gestos humanitarios de esta organización armada disminuirán exponencialmente, ya que el éxito militar revertirá la percepción que tiene la opinión pública sobre su derrota o estancamiento militar lo que en ultimas dinamizara sus posiciones políticas (el Acuerdo Humanitario) impulsando nuevamente la rueda la guerra.
Es por esto que lo humanitario no debe salir de la agenda pública, debe recibir apoyos y no estigmatizaciones por parte de la sociedad civil, más si se tienen en cuenta las declaraciones del encargado gubernamental para la desmovilización y reinserción de combatientes a la vida civil, Frank Pearl, quien en entrevista al diario el tiempo, manifestó que el conflicto armado terminará no antes de 15 o 20 años, por vía de la seguridad democrática. Por esta razón, es importante que en Colombia lo humanitario sea una política de Estado, así como lo es la seguridad, que el gobierno y la sociedad civil entiendan que la ampliación del campo humanitario no es una ampliación del terrorismo, que la apuesta incondicional al guerrerismo está socavando las instituciones públicas y la legitimidad estatal, que la elección de la guerra, polariza a la población (uribistas – terroristas) y promueve la descohesión social, manteniendo de este modo, el histórico ciclo de exclusión y violencia en el que ha vivido el país los últimos 60 años y en últimas, darnos cuenta que el camino más seguro hacia la paz no es la guerra sino lo humanitario.
Este cuarto de hora en el que las FARC busca a toda costa mejorar su imagen y volver a ser considerados actores políticos legítimos, debe ser utilizado por la sociedad civil para presionar al gobierno para que suscriba Acuerdos Humanitarios Permanentes con esta organización armada. Si el gobierno revisara detenidamente la historia de los conflictos armados Centroamericanos (Guatemala y El Salvador), se daría cuenta que la firma de este tipo de Acuerdos fue la antesala de los diálogos y posteriores negociaciones de paz con las guerrillas de esos países. Lo preocupante es que si se tiene en cuenta el imperceptible pero sostenido ascenso en las acciones armadas de las FARC, y especialmente la realizada en el Municipio de Garzón (Huila), en la que un comando de esta organización, logro ingresar al casco urbano de dicho municipio, llegar a la sede del Consejo, secuestrar a un concejal y en su huida dar muerte a un policía, un militar y dos guardias privados, es preocupante, ya que desde el punto de vista militar y operacional, las FARC vuelven a tomarse confianza, poniendo en duda el dominio territorial del Estado en zonas que para las FARC tienen una alta carga de historia y simbolismo. Si la tendencia de estas acciones continua, me atrevo a afirmar que los gestos humanitarios de esta organización armada disminuirán exponencialmente, ya que el éxito militar revertirá la percepción que tiene la opinión pública sobre su derrota o estancamiento militar lo que en ultimas dinamizara sus posiciones políticas (el Acuerdo Humanitario) impulsando nuevamente la rueda la guerra.
Es por esto que lo humanitario no debe salir de la agenda pública, debe recibir apoyos y no estigmatizaciones por parte de la sociedad civil, más si se tienen en cuenta las declaraciones del encargado gubernamental para la desmovilización y reinserción de combatientes a la vida civil, Frank Pearl, quien en entrevista al diario el tiempo, manifestó que el conflicto armado terminará no antes de 15 o 20 años, por vía de la seguridad democrática. Por esta razón, es importante que en Colombia lo humanitario sea una política de Estado, así como lo es la seguridad, que el gobierno y la sociedad civil entiendan que la ampliación del campo humanitario no es una ampliación del terrorismo, que la apuesta incondicional al guerrerismo está socavando las instituciones públicas y la legitimidad estatal, que la elección de la guerra, polariza a la población (uribistas – terroristas) y promueve la descohesión social, manteniendo de este modo, el histórico ciclo de exclusión y violencia en el que ha vivido el país los últimos 60 años y en últimas, darnos cuenta que el camino más seguro hacia la paz no es la guerra sino lo humanitario.
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