Recuerdo de Robert McNamara

Por: Jonathan Schell

Conocí a Robert McNamara, Secretario de Defensa de los Estados Unidos que dirigió el aumento de la intervención americana en Vietnam, en el verano de 1967. Yo acababa de regresar de un viaje a Vietnam del Sur, donde, como reportero de The New Yorker , presencié la destrucción por la potencia aérea americana de dos provincias: Quang Ngai y Quang Tinh.

Las políticas de los Estados Unidos eran claras. Las octavillas lanzadas a las aldeas anunciaban: “Los vietcongs se esconden entre mujeres y niños inocentes en vuestras aldeas... Si el vietcong en esta zona los utiliza a ustedes o a su aldea para eso, les esperará la muerte desde el cielo”.

Y llegó la muerte desde el cielo. Después cayeron más octavillas, que informaban a los habitantes de las aldeas: “Su aldea fue bombardeada porque dieron acogida al vietcong... Si dan acogida al vietcong del modo que sea, su aldea será bombardeada de nuevo”.

En la provincia de Quang Ngai, un setenta por ciento, aproximadamente, de las aldeas, fue destruido. Yo tenía veintitrés años entonces y no tenía idea de lo que era un crimen de guerra, pero más adelante me quedó claro que eso era lo que estaba presenciando. (Cinco meses después, en marzo de 1968, tropas americanas cometieron la matanza de My Lai.)

Aquella figura familiar, con sus brillantes gafas sin montura y su rígido pelo peinado hacia atrás, como si fuera vidrio hilado, me recibió en la puerta de su despacho del tamaño de una pista de tenis. Sentí una energía prodigiosa e inquieta que, según sospeché, no podía atenuar aunque quisiera. Poco después de que yo empezara a relatar mis observaciones, me llevó ante un mapa de Vietnam y me pidió que localizase las zonas de la destrucción. Tuve la sensación de que la pregunta era una prueba... a la que yo estaba dispuesto a someterme, pues había llevado conmigo mapas en los aviones controladores aéreos de avanzada. Parecía profundamente interesado, pero no hizo observación alguna y se limitó a preguntarme si tenía algo escrito. Le dije que sí, pero que estaba escrito a mano. Me propuso que le presentara una copia mecanografiada y me ofreció el despacho de un general que estaba fuera.

Lo que no sabía era que el artículo tenía tamaño de libro. Tardé tres días en dictarlo en el dictáfono del general. Entregué el proyecto acabado a McNamara, quien me dio las gracias, pero nada más dijo al respecto, ni entonces ni en ningún otro momento posterior.

Quince años después, en 1982, cuando Neil Sheehan estaba haciendo la investigación para su libro sobre la guerra, A Bright and Shining Lie , encontró documentos relativos a mi manuscrito que contó con la asistencia del Pentágono. Mostraban que McNamara había enviado el manuscrito al embajador americano en Vietnam del Sur, Ellsworth Bunker, quien pidió a un tal Bob Kelly que escribiera un informe general con vistas a desacreditar mi información y que consiguiera que la revista The Atlantic (en la que Bunker creía, equivocadamente, que iba a aparecer mi artículo) “suprimiese la publicación”.

Se distribuyó un memorándum en el que se recomendaban esas medidas a McNamara, al Subsecretario de Estado, Nicholas Katzenbach, y al Secretario de Estado Adjunto, William Bundy. El funcionario encargado de la “acción” era el Secretario de Estado, Dean Rusk. Se volvió a entrevistar a los pilotos de los aviones controladores de avanzada y se les pidieron declaraciones juradas. Se envió a dos pilotos civiles para que volaran por sobre la provincia y comprobasen mis cálculos de los daños. Se examinaron posibles planes para refutar públicamente mis conclusiones, pero las inoportunas conclusiones del informe resultante fueron las de que “los cálculos del Sr. Schell son substancialmente correctos”.

Tal vez frustrado por su imposibilidad de encontrar errores actuales en mi información, el autor del informe ofrecía algunas observaciones editoriales que resumían la equivocada concepción en que se basaba la guerra. Pensaba que yo no había conocido ciertos factores atenuantes de la destrucción que había presenciado y no sabía que “la población e[ra] totalmente hostil...” De hecho, en opinión del Vietcong, “los vietcong son el pueblo”. Así, pues, la razón principal para no reñir aquella guerra en primer lugar, a saber, el odio absolutamente evidente de la mayoría de la población a los invasores y ocupantes americanos, pasó a ser una justificación de la guerra.

La siguiente ocasión en que hablé con McNamara, en 1998, no fue sobre Vietnam, sino sobre las armas nucleares, sobre las que estuvimos tan de acuerdo como en desacuerdo habíamos estado sobre Vietnam. Los dos pensábamos que la única medida sensata que se podía adoptar con la bomba era la de deshacerse de ella. El vuelco de McNamara a ese respecto fue espectacular. Más que ningún otro funcionario gubernamental, a él se debió la institucionalización de la doctrina estratégica fundamental de la era nuclear, la disuasión, conocida también como destrucción mutua garantizada.

En la segunda ocasión quería que se prescindiera de ella, pero, en realidad, entonces también estábamos más próximos a propósito de la cuestión de Vietnam, pues, después de dos decenios de silencio sobre la guerra, había publicado su libro In Retrospect , en el que repudiaba sus anteriores justificaciones de la guerra y hacía la famosa afirmación sobre los gobiernos de Kennedy y de Johnson: “Estábamos equivocados, terriblemente equivocados”.

Muchos de los críticos de McNamara afirman –acertadamente, creo yo– que no llegó a entender enteramente, que intentó aferrarse a las declaraciones de intenciones nobles no corroboradas por la realidad. ¿Hasta qué punto son nobles las intenciones cuando los hechos que revelan sus resultados horribles están al alcance y, sin embargo, no se tienen en cuenta?

¿Debería haber sido McNamara más explicito en su arrepentimiento? Sí. ¿Debería haberlo expresado antes? Desde luego. ¿No debería haber recomendado nunca la guerra ni haberla presidido para empezar y nunca debería haber habido una guerra americana en Vietnam? Oh, Dios mío, claro que no.

El siglo XX dejó montones de cadáveres tras sí y ahora se están amontonando otra vez y, sin embargo, ¿cuántas figuras públicas de la importancia de McNamara han expresado jamás algún arrepentimiento por los errores, locuras y crímenes? Sólo puedo nombrar a una: Robert McNamara. En el improbable caso de que se erigiera una estatua de él, debería aparecer llorando. Eso fue lo mejor de él.

Fuente: www.project-syndicate.org

América Latina, la democracia abre fuego

Por: Santiago Roncagliolo

La víctima de un asesinato vuelve de la muerte para culpar al presidente de su país. Un grupo de militares armados saca a otro presidente de su cama y lo mete en un avión en pijama. Las fuerzas del orden se enfrentan a un grupo de campesinos pobres y matan a decenas de ellos. No, esto no es la película de James Bond contra un temible dictador aliado del terrorismo. Es sólo la actualidad política de América Latina.

El primer caso se registró en mayo, cuando un vídeo del abogado Rodrigo Rosenberg acusó desde la tumba al presidente de Guatemala Álvaro Colom y a su entorno de haber planeado su asesinato. Semanas después, en la localidad peruana de Bagua, las protestas de los indígenas contra la aprobación de leyes que permitían privatizar sus tierras se saldó con una decena de muertos, según el Gobierno -los líderes indígenas cuentan más de 30-, y la renuncia del ministro del Interior. Y a comienzos de julio, en Honduras, los enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios y los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya se cobraron la vida de un joven manifestante.

Las consecuencias políticas y judiciales de estos casos están por determinar. Pero en términos de opinión pública, marcan un giro crucial en el discurso político de la región. Durante años, las mayores alarmas de la gobernabilidad democrática en América Latina habían saltado en Venezuela, Bolivia y Ecuador, contra cuyos gobernantes se suceden periódicamente denuncias por manipulación de instituciones judiciales, legislativas, ejecutivas e incluso electorales. Y sin embargo, en los tres casos señalados, son esas instituciones las involucradas. Es la democracia la que ha abierto fuego contra la población civil.

Sin duda, el caso de Guatemala tiene matices distintos. En su vídeo póstumo, Rosenberg no acusa de su muerte a la institución del poder ejecutivo sino al presidente, y el caso aún está en investigación. Pero aún así, la autoridad de un cadáver para señalar a su ejecutor tiene una potencia mediática descomunal. Ninguna sentencia judicial podrá borrar el mensaje que ha transmitido el abogado desde las pantallas de televisión o Internet: el poder se ejerce a balazos. Sea quien sea el asesino de Rosenberg, el sistema político ha perdido ante la población -si aún lo tenía- el crédito de la transparencia y el imperio de la ley. Para muchos guatemaltecos, el sistema democrático no sirve para combatir a las mafias, sólo para darles puestos públicos.

Por su parte, el caso de Bagua pone de relieve las limitaciones de una democracia para garantizar justicia. La mayoría de las constituciones vigentes en la región garantizan la propiedad privada y remiten a los tribunales en caso de conflicto. Ahora bien, uno de los conflictos sociales más delicados es el que enfrenta a las comunidades nativas con las grandes empresas que desean explotar los recursos naturales de sus tierras. Con el actual ordenamiento jurídico, cuando una empresa daña el medio ambiente o incumple la legislación laboral tiene muchas posibilidades de salir impune por una razón muy sencilla: los costes del proceso legal. Incluso un poder judicial confiable -lo que no siempre está disponible- enfrentará al estudio de abogados de una multinacional contra los delegados de un caserío de campesinos sin luz eléctrica. El litigio puede extenderse durante años, y si hay apelaciones, se resolverán en tribunales de la capital, a días de camino de las comunidades campesinas. El resultado no suele tener mucho misterio. Una institucionalidad impecable deja en indefensión legal a millones de personas.

Esta paradoja explica la popularidad de Evo Morales y Hugo Chávez entre los sectores más pobres de muchos países. Para sus detractores, los proyectos constitucionales que estos gobernantes impulsan sólo son un camino hacia su reelección indefinida. Pero sus defensores los consideran herramientas imprescindibles para la protección legal de los sectores más indefensos de la población. Sus textos establecen nuevos modelos de propiedad pública, refuerzan el papel del Estado ante los operadores económicos privados y defienden el derecho de los indígenas a decidir sobre sus tierras. Por contraste, los enfrentamientos de Bagua declaran que en un Estado democrático los campesinos tienen que morir y matar para defender ese derecho.

Pero si un caso ha dotado de legitimidad al discurso caudillista latinoamericano, ha sido el de Honduras. El nuevo gobernante, Roberto Micheletti, se ha esmerado en calificar su toma de mando como una "sucesión constitucional", basado en una sentencia del poder judicial contra el presidente electo, Manuel Zelaya. El motivo de esa sentencia fue la convocatoria de un referéndum. En efecto, el encaje constitucional de ese referéndum era bastante dudoso. Pero la imagen de un batallón evitando unos comicios a balazos no resulta mucho más digerible.

Al expulsar al presidente electo, las instituciones ponen en cuestión la definición misma de la democracia: el gobierno del pueblo, el sistema en que los ciudadanos pueden participar en las decisiones que les afectan, algunas de ellas tan elementales como quién es su presidente.

Si Micheletti temía que Hugo Chávez ganase poder en Honduras, puede estar tranquilo. Gracias a él, Chávez ha ganado legitimidad en toda la región. El presidente venezolano fue el primero en imponer sanciones económicas a Honduras, y ha exigido una actitud más resuelta de los tibios Estados Unidos, con lo cual ha invertido los papeles habituales. Como si fuera poco, sus advertencias de asesinatos y conjuras, que hasta junio se podían descartar como paranoias, se han vuelto realidad. Nadie podría haberle hecho un favor tan grande y tan bolivariano como el de Micheletti.

El discurso de Chávez es el principal beneficiario de los hechos de Guatemala, Perú y Honduras porque todos ellos restan credibilidad a las instituciones democráticas. El sistema de equilibrio de poderes y sufragio universal es deseable porque permite que los cambios sociales se realicen sin sangre. Por eso, cuando necesita derramar sangre para defenderse es señal de que algo funciona muy mal. La aplastante victoria del PRI en los últimos comicios mexicanos parece confirmar el agotamiento ciudadano ante las promesas incumplidas de un sistema que a comienzos de los noventa se presentó como la vía directa al desarrollo y la prosperidad.

En su acta de nacimiento de la Revolución Francesa, la democracia nació con un lema triple: "Libertad, Igualdad, Fraternidad". La fraternidad ya era demasiado pedir, pero el conflicto entre la libertad y la igualdad, entre liberalismo y socialismo, definió el siglo XX, y sigue dividiendo hoy a la región con la mayor desigualdad social del planeta. El proyecto político de Hugo Chávez es crear un sistema igualitario aun a costa de las instituciones que garantizan las libertades individuales. En cambio, el proyecto político liberal se ha concentrado en garantizar las libertades individuales -crucialmente, la propiedad privada- incluso a costa de la igualdad social.

Ambos valores podrían conciliarse, entre otras cosas, con reformas fiscales que distribuyesen más equitativamente la riqueza. No es imposible. Lo ha hecho Lula en Brasil, donde la clase media aumenta sin comprometer el crecimiento económico, equilibrando estabilidad institucional con justicia social. Sin embargo, en los países andinos y centroamericanos, los defensores de la democracia no han defendido justo esa parte de la democracia. Para masas de ciudadanos pobres, tengan razón o no, el proyecto de Chávez cristaliza una serie de aspiraciones concretas que las instituciones democráticas les niegan.

Quienes creemos que la democracia liberal es el sistema de gobierno más eficaz, tenemos que incorporar a esas masas en el proyecto de Estado que defendemos. Para retirarlas de la órbita de los caudillos, hace falta demostrarles que la democracia puede ofrecer justicia social, es decir, derechos básicos y una distribución más justa de la riqueza. Tendremos que demostrarles que pueden vivir mejor en una democracia liberal que con un caudillo socialista. Pero si nuestro argumento para ello son las fuerzas antidisturbios, todo lo que hagamos sólo servirá para darle la razón a esos caudillos. Al fin y al cabo, si eso es lo mejor que se nos ocurre, tampoco hace falta dispararle a nadie más: podemos dar esta batalla por perdida desde el principio.

Fuente: El País

No al indulto

Por: Carlos Peña

¿Debería incluirse en un indulto general -como el que propuso la Iglesia- a quienes están condenados por violaciones a los derechos humanos; es decir, a los que, en calidad de agentes estatales, participaron en desapariciones, asesinatos y torturas?

No, en caso alguno.

Las razones sobran.

Desde luego, quienes desde el Estado atentaron contra los derechos humanos no sólo infringieron la ley. Al negar a sus conciudadanos el derecho a existir en razón de las ideas que profesaban (fue eso ni más ni menos lo que hicieron), incumplieron uno de los deberes mínimos que pesan sobre los que formamos parte de una misma comunidad política. En cambio, se arrogaron el derecho a decidir, con la frialdad de un burócrata de oficina, quién tenía derecho a habitar entre nosotros y quién no. Ahora, un mínimo sentido de justicia obliga a que ellos queden marginados también hasta que toda su pena se cumpla o la muerte se las abrevie.

Suena duro. Y lo es. Pero ¿de qué otra forma debiéramos reaccionar frente a crímenes que se ejecutaron primero y encubrieron después con toda la impunidad de la fuerza estatal, obligando a los familiares durante décadas a golpear puertas y sudar sangre para obtener, apenas en la hora undécima, una pálida justicia?

La fiesta del bicentenario conmemora los inicios de nuestra comunidad política -es decir, del compromiso de tratarnos como iguales, sin excluirnos en razón de las ideas-, y por eso, en vez de ser un motivo para excusar la pena de esos crímenes, debe ser una ocasión para reafirmarla.

Pero ¿acaso no habría que distinguir, como se ha sugerido, entre quienes dieron las órdenes y aquellos que, obligados a obedecer, las ejecutaron? ¿No deberíamos tener conmiseración con aquellos que, situados en el último lugar de la escala del poder, acabaron apretando el gatillo, poniendo en marcha la electricidad o escondiendo los cuerpos, pero sin deliberar ninguna de esas acciones?

El problema que impide hacer esa distinción es que, entre nosotros, todos los violadores de derechos humanos, desde Contreras a Corbalán, pretenden haber sido simples ejecutores de órdenes recibidas al amparo de la fiebre o de la conmoción. Todos se han presentado a sí mismos como alguna vez lo hizo Eichmann ante el juez: como funcionarios que violaron, torturaron, hicieron desaparecer y asesinaron por pura consideración al deber. En un mundo como ése, donde nadie dio las órdenes, en el que todos presumen haber sido reclutas asustados, en el que hasta Pinochet se lavó porfiadamente las manos y donde los civiles alegan no haberse siquiera enterado, ¿cómo podríamos castigar a los que ordenaron los crímenes y abreviar la pena de los que, nada más, los ejecutaron? ¿Cómo podríamos hacer esa distinción si, en los hechos, hemos tolerado se la niegue aceptando que nadie dio orden alguna y que todo lo que ocurrió pareció ser fruto de la simple conmoción?

Pero ¿no habría entonces que indultar al menos a quienes actuaron por miedo al castigo, esos a quienes la amenaza del superior quebrantó el ánimo?

Parece plausible, pero si lo miramos con cuidado, tampoco es sensato. Y no sólo porque el miedo ya debió ser considerado a la hora de fijar la pena.

En el desgraciado paisaje de los crímenes hubo de todo. Algunos cedieron al miedo, es verdad; pero muchos otros fueron capaces de resistirlo. Y esa distinción anula el efecto atenuante que hoy día se le quiere conferir al miedo. Porque ocurre que quienes fueron capaces de vencerlo -los que dejaron escapar a alguna víctima, o rehusaron torturar- no eran héroes, sino personas comunes y corrientes que simplemente se comportaron a la altura de su conciencia. Por eso tampoco es razonable indultar a quienes alegan haber actuado por miedo. ¿Acaso enseñaremos a nuestros hijos que hacer el mal cuando se tiene miedo es excusable?

El indulto general debiera beneficiar a quienes infringieron la ley y hoy están viejos o enfermos, pero excluir a quienes, por convicción, miedo o lo que fuera, y amparados en el Estado, castigaron con la tortura o la desaparición las ideas ajenas.

Fuente: El Mercurio

EL REGRESO DEL AGUILA

Han pasado ya tres semanas de ocurrido el Golpe de Estado en Honduras y sólo hasta ahora empiezan a verse los reales intereses que motivaron el mismo. Era sorprendente que los usurpadores del poder (bestias de civil y uniformadas) de esta nación pequeña y pobre, ni se inmutaran ante el rechazo unánime manifestado por todos los organismos multilaterales del mundo ante una situación que creíamos erradicada de nuestro continente. Era sospechoso que frente a resoluciones de condena por parte de la ONU, la OEA, UNASUR, ALBA, los No Alineados y la UE, los golpistas radicalizaran su posición y continuaran agregando delitos a la ya larga lista que supuestamente había cometido el Presidente Zelaya (sólo le falta ser acusado de pedófilo y cómplice de Bin Laden). Ninguno de los muchos argumentos utilizados para justificar el Golpe de Estado fue admitido por la comunidad internacional. La misma que ahora es testigo cómplice de la legitimación de dicha situación por parte de los Estados Unidos, quien en un principio rechazó tímidamente el golpe y respaldó al Presidente Zelaya, ahora sienta en la misma mesa a los golpistas, al Presidente Zelaya y a un tercer mandatario, rompiendo el “simbólico” bloqueo político que muchos países habían establecido contra los usurpadores.

Sólo hasta ahora ha venido a develarse el nexo entre el Golpe de Estado hondureño y el partido republicano, hogar de los ultraconservadores norteamericanos, los de la asociación nacional del rifle, que legalizaron la tortura y la muerte de civiles, los que diseñaron y fabricaron las pruebas que justificaron las invasiones a Afganistán e Irak. Los mismos con los que el presidente Obama evita entrar en contradicción para poder gobernar. Los mismos que deben estar festejando junto a los usurpadores el apoyo brindado por la secretaria de estado norteamericana al legitimarlos internacionalmente cuando los reconoció como parte política con la que se debía negociar y los sentó con dos Presidentes constitucionalmente elegidos, pasando sobre la OEA. Era extraño que la embajada de los Estados Unidos no se hubiera enterado de los planes golpistas, cuando participaba en las reuniones que sostenía el Presidente Zelaya con los usurpadores días antes del golpe, reuniones motivadas por la incomodidad que generaba una consulta popular. Era extraño que los Estados Unidos no utilizaran la misma energía y recursos para bloquear a los golpistas hondureños como sí lo hace desde hace décadas con Cuba.

Lo que el tiempo nos muestra, es que el Golpe de Estado en Honduras tuvo fuertes motivaciones ideológicas, que en gran medida fue auspiciado por sectores políticos y económicos norteamericanos (con total libertad de su gobierno), que los gorilas que creíamos disminuidos siguen más vivos que nunca en los cuarteles Latinoamericanos y que si bien la región no es la prioridad número uno en la política exterior norteamericana, tampoco es la ultima, no es casual que el año pasado la cuarta flota de la marina estadounidense se haya desplegado por America Latina , que la presencia de “asesores militares (1600)” se mantenga en Colombia y que el gobierno de este ultimo país haya aceptado la presencia de aviones norteamericanos en cinco de sus bases aéreas[1]. Es muy seguro que intentarán a toda costa controlar nuevamente su otrora oficina para la región, es decir, la OEA, no será extraño que promuevan la candidatura para la Secretaria General de este organismo a una persona que se muestre menos dispuesto al consenso, especialmente con países como Bolivia, Cuba y Ecuador, pero especialmente con Venezuela, que según los Estados Unidos es “el nuevo causante de todos los males presentes y futuros de Latinoamérica”. No sería descabellado que su candidato reuniera el perfil de un Álvaro Uribe, defensor de la democracia militarizada, desconocedor del concepto de soberanía, poco respetuoso de los Derechos Humanos, pero por sobre todo muy leal y obediente a sus patrocinadores del norte.



Luis Fernando Trejos Rosero. .
[1] Sobre la estrategia militar de Estados Unidos en America Latina, puede revisarse el documento: US Southern Command Strategy 2016 Partnership for the Americas, US Southern Command, Miami 2007.

Alan García crea un Gobierno de línea dura tras la revuelta de los indígenas

Por: Jaime Cordero

Lo que acaba de hacer el presidente peruano, Alan García, es más que un mero relevo en la cabeza del Gabinete, su tercer Gabinete desde que ganó las presidenciales de 2006. Es un cambio radical en el Ejecutivo. Quizá el único punto en común entre el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, y su antecesor, Yehude Simon, es que ambos provienen de la misma región, Lambayaque, al norte del país. El resto son diferencias.

Simon era un personaje ajeno al partido que gobierna, con declaradas ambiciones de ser candidato presidencial en los comicios del 2011, que llegaba con fama de ser un hombre dialogante y conciliador. Velásquez es hombre del partido aprista, disciplinado defensor del Gobierno y considerado un "incondicional" del presidente. Su llegada al cargo de jefe de Gabinete representa el retorno del partido de Gobierno a los mandos del ejecutivo. Así quedó claro desde el momento mismo de su juramento, cuando fue aplaudido por una nutrida masa aprista que colmó el Salón Dorado del palacio de Gobierno.

Los antecedentes de Velásquez y su antecesor también son disímiles. Mientras que Simon llegaba al cargo hace algo más de ocho meses luego de una bien considerada gestión como presidente regional de Lambayeque, el nuevo presidente del Consejo de Ministros viene de ser presidente del Congreso, una de las instituciones políticas menos populares en el país, con cifras de aprobación pública apenas superiores al 10%, según recientes sondeos, y constantes sospechas de corrupción. Incluso el mismo Velásquez fue acusado recientemente de copar con militantes del partido las oficinas del Parlamento durante su gestión como presidente.

"Espero que sea el último Gabinete presidencial al que le tomo juramento", dijo García el sábado. Si se atiende a las circunstancias que originaron la salida de los anteriores jefes de Gabinete, esta declaración se puede interpretar como la esperanza de que el resto de su mandato transcurra sin mayores crisis. El primer Gabinete de García, liderado por el aprista Jorge del Castillo, fue relevado luego de que el escándalo de los Petroaudios, una serie de grabaciones que evidenciaron presuntos sobornos para favorecer a una petrolera en la entrega de exploraciones, embarrara a conocidos personajes del partido de Gobierno.

El segundo Gabinete, el encabezado por Simon, no resistió la protesta de los nativos de la selva peruana ante un paquete de leyes del Ejecutivo que, según ellos, atentaban contra la propiedad de sus tierras. Tras dos meses en huelga, la protesta derivó en enfrentamientos que acabaron con 34 muertos, entre ellos 24 policías. Ahora, una de las principales misiones de Velásquez será velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por su antecesor para desactivar las protestas, no sólo en la selva peruana, también en varias localidades del sur del país.

Sin embargo, la oposición ha asumido la designación con escepticismo. "Será un Gabinete de choque y represión", considera Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP). Por su parte, Carlos Tapia, portavoz del partido nacionalista de Ollanta Humala, declaró que con Velásquez "se impone la línea dura en el Gobierno".

Tampoco los nativos se mostraron muy de acuerdo: "El Gabinete será de corte alanista y eso no nos da ninguna confianza", declaró Daysi Zapata, presidenta en funciones de Aidesep, la asociación que representa a la mayoría de poblaciones amazónicas.

"Es una muy mala noticia", comenta sobre la designación el periodista y ex ministro del Interior en el Gobierno de Alejandro Toledo Fernando Rospigliosi, en una columna publicada ayer en el diario La República. "En primer lugar, es un político de capacidades muy limitadas.

En segundo lugar, es todo lo opuesto a lo que ofreció Alan García en la campaña electoral. En tercer lugar, no aporta una cuota de popularidad al Gobierno, cosa que García necesita con urgencia después de su estrepitoso derrumbe en las encuestas". Rospigliosi opina que Velásquez "será un ministro-secretario, obsecuente a los dictados del presidente. Como no tiene peso propio y le debe todo a García, será incapaz de decir que no".

"El país espera orden e inclusión social", declaró García, quien ayer renovó a otros cinco nuevos ministros, entre ellos los de Defensa, Interior y Justicia. Para que se cumpla su deseo de que éste sea su último Gabinete, Velásquez tendrá que hilar fino y cerrarle la boca a sus críticos.

Fuente: El País

Chile - Bolivia - Perú: La insinceridad histórica no paga

Por: José Rodríguez Elizondo

La entrevista que concediera Evo Morales a Cristián Bofill, director de La Tercera (1) , más que un golpe periodístico fue una señal política extraordinaria para Chile y el Perú.

Respecto a nuestro país, presentaba la aspiración marítima boliviana en el marco de una negociación tranquila, sin periodistas, sin denuncia ante los foros internacionales y sin privilegiar el tema de la soberanía. “Lo que yo quiero es resolver juntos el problema y no buscar mediadores, veedores ni garantes”. ¿Y qué decía sobre la interferencia de Fidel Castro que torpedeó la visita a Cuba de Michelle Bachelet?... Pues, que fue un simple saludo o expresión de “un sentimiento internacional”, con tácita extensión al intervencionismo del líder venezolano Hugo Chávez. Morales verbalizaba, así, lo que muchos chilenos soñaron durante más de cuatro décadas y hasta sugería su disponibilidad para iniciar un vuelco histórico en la política de alianzas.

En cuanto al Perú, la entrevista marcaba el climax de la pésima relación de Morales con el Presidente Alan García. En ese marco, el agravio feroz del peruano, según el cual Morales dejó de ambicionar un mar para Bolivia, fue respondido con una ferocidad equivalente: la de que García demandó a Chile ante la Corte de la Haya a sabiendas de que perderá el pleito, pues su objetivo principal es “perjudicar a Bolivia”. Al respecto, Morales agregó (con matiz maldadoso), que él no hablaba desde meras suposiciones, sino con base en información interna, procedente de “las mismas estructuras del Estado peruano”.

Asesoría temeraria

La entrevista sucedía a la clara señal del canciller ecuatoriano Fander Falconí, de que su país compartía el criterio jurídico de Chile sobre la demanda del Perú. Importante, pues ambos fenómenos efectivizaron la realidad de los riesgos geopolíticos de la estrategia peruana y, en especial, de la demanda judicial como método.

En rigor, era un riesgo compuesto, subestimado con ligereza por los expertos peruanos. Por una parte, consistía en que Ecuador hiciera causa común con Chile, en cuanto tercer suscriptor de los tratados de 1952 y 1954. Por otra, estaba la posibilidad de que Bolivia se diera por lesionada, pues la viabilidad de su aspiración marítima supone un corredor ariqueño y un mar adyacente no sujeto a controversia. De confluir ambas situaciones, se produciría lo que se está produciendo: el cuadro de un Perú enfrentado a Chile, Bolivia y Ecuador, con Venezuela apoyando decididamente a los dos últimos. En lista de espera estaría Colombia, que también participa del sistema limítrofe del Pacìfico Sur y donde operan las “chavistas” y muy infiltrables FARC.

Es pertinente anotar que el riesgo boliviano está analizado no sólo en mi reciente libro De Charaña a La Haya (2) . También fue contemplado en un artículo que publiqué, en septiembre de 2007, en esta revista (3). Allí planteaba, como “hipótesis”, que la pretensión oficializada en 1986 por el embajador peruano Juan Miguel Bákula, se habría diseñado, en parte, “como un franco disuasivo ante Bolivia”.

Esto, porque, siendo impensable que el Perú accediera a ceder a Bolivia parte de Arica, tampoco quería experimentar la ordalía de un nuevo acuerdo chileno-boliviano que hiciera explícita esa disposición. Desde ese talante, una disputa por la frontera marítima cumpliría el doble objetivo de reivindicar un segmento de océano e impedir -con presunta sutileza- un segundo “charañazo”. Ante una nueva petición de venía peruana para un “corredor ariqueño”, el gobierno requerido no estaría obligado a definirse sobre el fondo. Le bastaría indicar que los derechos sobre el mar adyacente ahora estaban en discusión y, claro, no se puede negociar sobre cosa ajena.

Sucede que esa hipótesis fue tajantemente descalificada por el propio embajador Bákula. Le resultaba conspirativo sostener que Bolivia pudiera sentirse afectada por la pretensión que él había liderado en lo técnico y representado en lo diplomático. Tal posibilidad no había pasado por su mente ni por la de su canciller ni por la de su Presidente. Tan arriesgada posición (¿cómo saber lo que realmente piensa otra persona?) fue volcada en trascendidos periodísticos y, en definitiva, se expresó en un libro que publicó el año siguiente. Ahí Bákula transformó mi hipótesis en simple “intuición”, la adjetivó como “extraña”, sospechó que estuviera “teledirigida desde otros miradores” y coligió que mi objetivo era desacreditar su propia gestión (la de Bákula) suponiendole “el recóndito propósito de reactivar la demanda marítima boliviana” (4).

Tan insólita reacción, que equipara la responsabilidad del agente diplomático con la del conductor polìtico, confunde una disuasión con una reactivación (de la aspiración boliviana) y descalifica a un analista por sospechas, era sicológicamente significativa. Por una parte, parecía revelar el oculto temor a un despertar crítico de los expertos propios. Por otra, evidenciaba que, a falta de argumentos convincentes, había que recurrir a “tergiversaciones patrióticas” y descalificaciones ad hominem. El ancestral reflejo de matar al mensajero.

Pero, a esa altura, la hipótesis ya era tesis verificada. Presidente, canciller, diplomáticos y ex cancilleres bolivianos aceptaban, con mayor o menor discreción, que la anunciada demanda peruana sería un obstáculo decisivo para su aspiración. Luego, cuando Morales quiso dar “orientación política antimperialista” al pueblo peruano y se burló de la robustez de García, la oleada antidemanda que bajaba desde Palacio Quemado era visible desde cualquier atalaya.

Con la demanda ya instalada, la Cancillería peruana y sus asesores pro demanda se encuentran ante un jaque geopolítico autopropinado. De ser cierto que sólo la intuición de un analista privado pudo prever el crítico alejamiento de Bolivia, significa que allí se dio un alarmante déficit de análisis focalizado. Si, por el contrario, hubo previsión certera, significa que esa Cancillería fue sobrepasada por una asesoría temeraria, que indujo las dos graves decisiones políticas de García: oficializar la pretensión peruana, en 1986 y presentar la demanda en 2008.

Traslado de culpas

Hoy el gobierno de Bolivia aparece impulsando un traslado de culpas que daría un vuelco histórico al subsistema geopolítico pos Guerra del Pacífico. Chile dejaría de ser el exclusivo responsable de la mediterraneidad boliviana, pues los obstáculos reales los ha colocado –según Morales- la “permanente agresión” de García. El Perú quedaría en un aislamiento similar al que suelen percibir los chilenos, de manera recurrente, desde mediados del siglo 19.

Para nuestros cortoplacistas, puede ser una gran oportunidad. Bastaría endosar la querella de Morales contra García, sin asumir que eso a) equivale a reponer la “polìtica boliviana” previa a 1929, que giraba contra la transferencia a Bolivia de Tacna y Arica, b) supone canjear una compleja amistad boliviana por una sólida enemistad peruana, c) compromete –en caso extremo- a producir un “resquicio” para ceder un corredor a Bolivia bajo protección chilena y d) consolida el bloqueo de las políticas integracionistas en la sub-región, con perjuicio para todos. En suma, se prorrogaría la vigencia de “el siglo que vivimos en peligro”.

Mejor sería sincerarse y reconocer lo que los taimados hechos gritan: la aspiración marítima boliviana fue y sigue siendo una pieza para tres actores. Y, si en aras del dogma bilateralista quisiéramos negar el link entre la demanda peruana y la agenda de 13 puntos con Bolivia, significaría que algo muy extraño sucede en nuestro sistema perceptor de realidades.

Cabe agregar que en el meollo de la insinceridad está la exclusión de Bolivia consagrada en el Protocolo Complementario (y originalmente secreto) del Tratado de 1929. Tal instrumento fue, en su esencia, una Medida de Fomento de la Confianza (MFC), que permitió al Perú sublimar la pérdida de Tarapacá y Arica con la recuperación de Tacna y la certeza de que Chile no transferiría a Bolivia parte de la otra “provincia cautiva”.

El Presidente peruano Augusto Leguía sintetizó ese espíritu cuando dijo que el nuevo tratado unía fraternalmente a chilenos y peruanos “a la sombra de una historia forjada por héroes comunes y sobre un suelo cuya continuidad trazó la mano de Dios”. Fue un mensaje perfectamente decodificado por el ex Presidente boliviano Daniel Salamanca, con una metáfora que hizo fortuna: “Chile puso un candado al mar para Bolivia y entregó la llave al Perú”.

Trilateralismo diferenciado

Chilenos y peruanos no contaron con que Bolivia, tras denunciar aquella exclusión, lucharía para convertirla en procedimiento. Al efecto, sus gobiernos la interpretaron de modo que “el candado” pudiera unirse con “la llave”, debilitando el espíritu del Protocolo Complementario. El método principal fue inducir conversaciones con Chile, para acceder al mar desde la frontera norte, y luego buscar la venia del Perú, a sabiendas de que para este país sería un tema incordiante.

Dicho procedimiento tuvo un hito decisivo en 1975, con los formales Acuerdos de Charaña, firmados por los generales Augusto Pinochet y Hugo Bánzer. A partir de éstos se inició una estrategia peruana que culminaría con un antídoto definitivo: la decisión de expandir la frontera marítima propia, primero mediante negociaciones y, en definitiva, demandando a Chile ante la Corte Internacional de Justicia.

Por lo señalado, Chile no sólo debe tratar de imponer sus mejores argumentos jurídicos ante esa Corte. Visto que el eventual fallo no puede solucionar el conflicto político y trilateral de fondo, también necesita enfrentar la complejidad de lo real, aceptando, con Goethe, que “las cosas siempre son más simples de lo que se puede pensar, pero mucho más intrincadas de lo que se puede comprender”.

En ese sentido, lo inteligente sería asumir la iniciativa política y estratégica de tender una “cuerda común” chileno-peruana, que sustente un nuevo espíritu respecto a Bolivia. Ambos gobiernos reconocerían, así, el fracaso de la exclusión de 1929 y admitirían la posibilidad de negociar con el tercer país a tenor de un proyecto integracionista en la triple frontera, sin transferencias de soberanía y en el marco de un juego “todos ganan”. De paso, reconocerían que el decaimiento de la soberanía absoluta, que reconoce la Ciencia Política moderna, no significa que dé lo mismo transferirla a otro país. Significa, más bien, que los Estados pueden delegar partes de su soberanía global en una entidad integracionista o supranacional. La modélica Unión Europea se forjó sin cambiar el color territorial de los mapas.

Ese trilateralismo diferenciado sería, entonces, una MFC que uniría a Chile, Bolivia y Perú en una empresa con soporte geopolitico, liquidando la madre de todos los recelos. No más ambigüedad flagrante desde el Perú. No más expectativas imposibles para Bolivia creadas desde Chile. No más vetos geoeconómicos en los mercados de exportación e importación. No más mercados gasíferos interferidos por el “factor patriótico”. No más discriminación a los inversionistas según sus nacionalidades. No más resquicios para que emerjan nuevos caudillos militares. No más facilidades a otros líderes para que interfieran en la relación entre nuestros tres países, demandando playas, dando apoyo estratégico a sus seguidores o apadrinando candidatos.

En resumidas cuentas

Con el mérito de lo señalado, parece evidente que Chile debe mantener extrema prudencia ante el nuevo cuadro que configura el conflicto Bolivia-Perú. Nadie debe entusiasmarse con las trompadas que se propinan sus presidentes. A la inversa –y metafóricamente hablando- nuestra Presidenta Michelle Bachelet debiera negarse a convertir el penal que le está obsequiando su homólogo boliviano. Para no ser demasiado obvia en el rechazo, bien podria ensayar el trote previo desde los doce pasos y repetir su truco del zapato volador.

NOTAS

(1) La Tercera, 31 de mayo 2009.

(2) José Rodríguez Elizondo, De Charaña a La Haya, Ediciones La Tercera del Grupo Planeta, Santiago, 2009.

(3) La extraña invención del doctor García, revista Mensaje, septiembre 2007.

(4) Juan Miguel Bákula, La imaginación creadora y el nuevo régimen jurídico del mar, Universidad del Pacífico, Lima, 2008, pg. 218.

Fuente: La Tercera

Alan García busca primer ministro

Por: Jaime Cordero

Todo parece indicar que el presidente peruano, Alan García, logrará sortear una nueva tormenta política dejando como lastre a sus ministros. Como ocurrió hace nueve meses, cuando el escándalo de los llamados petroaudios [grabaciones de conversaciones entre un funcionario y un ex miembro del Gobierno sobre pagos para facilitar contratos de petróleo a una empresa noruega] desembocó en un escándalo de corrupción que terminó en la salida del entonces jefe de Gabinete, Jorge Del Castillo, ahora la crisis ocasionada por los violentos enfrentamientos con los nativos de la Amazonia termina con la salida del hasta ahora primer ministro Yehude Simon, quien presentó su dimisión el miércoles. El mandatario anunció que antes del fin de semana habrá nuevo Gabinete.

Fue, en todo caso, una salida más tranquila de lo que se podía esperar. Tras el muy criticado manejo en el desarrollo de la situación política de la crisis en la selva, que terminó con el Gobierno cediendo ante las demandas de los nativos y en el peor desastre de la historia de la policía peruana (24 efectivos muertos, además de 10 civiles), tanto Simon como la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, se salvaron por estrecho margen de votos de la censura parlamentaria.

Pero Simon ya había anunciado que dejaba el Gobierno de todos modos, aunque ayer comentó que seguirá vinculado al Gabinete, sin especificar en qué cargo, y que se dedicara a seguir el cumplimiento de las actas firmadas para lograr el fin de las ultimas manifestaciones en el interior del país. Presentó su carta de renuncia después de la sesión de Gabinete del miércoles. "He asumido, como debe ser, el costo político de esta desgracia, y lo asumo por el respeto que le tengo al país y la lealtad a su Gobierno", señala en el documento, dirigido al presidente.

El nombre del sucesor de Simon es un misterio. Entre los nombres que se han comentado figura el de José Antonio Chang, actual ministro de Educación, e incluso el de Jorge del Castillo, quien ayer descartó la posibilidad de volver al cargo.

En lo que la mayoría de analistas está de acuerdo es que el nuevo jefe de Gabinete debe ser un personaje capaz de establecer diálogos efectivos para terminar con la ola de protestas, paros y movilizaciones que está recorriendo el país.

Otro tema al que deberá enfrentarse el Gobierno es el incumplimiento por parte del Estado de los compromisos asumidos ante los estallidos sociales. "En realidad, muchos conflictos no son nuevos", señala el antropólogo Javier Torres, de la asociación Servicios Educativos Rurales (SER), que trabaja en la zona de la sierra sur, donde se concentran muchas demandas sociales. "En los casos recientes de Andahuaylas y Sicuani [ambas, localidades de la sierra peruana donde hubo protestas], ya se había llegado a acuerdos y firmado actas de compromiso el año pasado, pero la mayoría no se cumplieron". Esto genera, en opinión de Torres, que tanto los dirigentes de las poblaciones como el Gobierno pierdan legitimidad y facilita que aparezcan nuevos dirigentes, más radicales y con demandas más extremas.

El Gobierno ha salido relativamente airoso de las últimas protestas posteriores al paro nativo. El paro de tres días convocado por varias organizaciones para esta semana tuvo un efecto muy limitado en la capital y sólo se dejó sentir con fuerza en la sierra sur, la zona más pobre del país, que votó masivamente al candidato nacionalista Ollanta Humala en las elecciones presidenciales de 2006. También el gremio de transportistas, que anunciaba un paro de dos días, finalmente suspendió la medida de fuerza después del primero, que fue acatado sólo parcialmente. El Gobierno se apresuró en señalar que las movilizaciones han fracasado. "Nuestra patria sigue avanzando, a pesar de la queja y desánimo de algunos", declaró el presidente García ayer, en un discurso en el que volvió a señalar que "América Latina vive una lucha de modelos políticos diferentes", una manera de insistir en la tesis del Gobierno de que hay una fuerte influencia de Venezuela y los países de la órbita del ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe) en las protestas que han sacudido al país.

Fuente: El País

La clase media estabiliza México

Por: Jorge Castañeda

México ingresa paulatinamente en una normalidad democrática, donde los resultados de comicios intermedios reflejan las tendencias propias de todas las democracias -matizar los resultados de elecciones presidenciales anteriores- sin por ello imponerles modificaciones mayores. A pesar del revuelo que generaron distintos vaticinios sobre la votación del 5 de julio entre corresponsales extranjeros, embajadas y políticos interesados, no se cumplió ninguno de los que insinuaban grandes cambios. El partido de gobierno, el PAN, cayó a un segundo lugar, pero manteniéndose cerca (con 29%) de los niveles del 2003, la anterior elección intermedia, cuando obtuvo 31% del voto.

El PRI pasó de ser tercera fuerza a recuperar la camiseta amarilla, pero con un porcentaje (37.5%) de nuevo casi idéntico al de 2003 (37%), y una ventaja de ocho puntos porcentuales sobre el PAN. El viejo partido autoritario se hacía ilusiones de conquistar por sí solo una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero se quedó con las ganas. Aumentó con creces su cuota de escaños, superando ligeramente el monto que logró en la elección intermedia anterior (233 diputados en el 2009 versus 224 en el 2003).

El PAN pensó que la supuesta popularidad del presidente Felipe Calderón le sería transferida, y que obtendría un número de legisladores muy superior al que alcanzó en el 2003 (154), cuando también contaba con la presencia de un mandatario popular (Vicente Fox) en la casa presidencial. No hubo tal: el PAN conquistó 146 diputaciones, y además perdió cinco de las seis gubernaturas estatales en juego, incluyendo dos que había ganado seis años antes.

Y por último, la izquierda, a pesar de un intento sostenido de suicidio colectivo comparable sólo al que capitaneó Jim Jones en Guayana hace 30 años, terminó con números (17% y 85 diputados) no tan lejanos de los del 2003 (20% y 101 diputados), único año de comparación legítima; su caída no fue debacle.

La abstención se mantuvo en los niveles del 2003 (58%), aunque el voto nulo y los votos no válidos por candidatos independientes casi triplicaron su porcentaje de entonces (6% versus 2.3%); es probable que los casi cuatro puntos de aumento provengan de anteriores votantes del PAN.

De todo ello se pueden extraer muchas lecciones, pero sobresalen tres. La primera, sin duda la más estructural, consiste en el papel cada día más preponderante de las clases medias. De acuerdo con números de firmas de mercadotecnia, de encuestas ingreso-gasto del Gobierno, y de fuentes especializadas como el Banco Mundial y la revista The Economist, en México hoy casi el 60% de la población puede ser considerado de clase media. La cifra correspondiente al electorado es li-geramente superior, ya que los viejos aparatos clientelares del PRI (trasladados en algunas regiones al izquierdista PRD) que antes sacaban a votar a los pobres, o votaban por ellos, se han debilitado enormemente. Los sectores más rezagados del campo votan menos, y, en consecuencia, el peso relativo de las clases medias es mayor.

Por tanto, ciertas aspiraciones -equivocadas o no- de dichas clases medias se imponen en todas las elecciones, aunque, por supuesto, más en unas que en otras. Entre ellas: no entregarle todo el poder (el Ejecutivo y el Legislativo) a un solo partido; no encargarle la conducción del país a una izquierda radical y no devolverle el poder presidencial al PRI: éste obtiene exactamente el mismo porcentaje del voto que en 2003, el cual de ninguna manera le permitió siquiera acercarse a la presidencia en el 2006.

Desde 1997, estas tres enseñanzas, entregadas por los votantes a los políticos, se han confirmado de manera repetida, y a menos que suceda algo insólito de aquí al 2012, volverán a corroborarse en los comicios presidenciales de ese año.

La segunda lección del voto del domingo pasado consiste en el paradójico desempeño del presidente Calderón. Paradójico porque podría pensarse que la pérdida por su partido de más de 50 curules (más de las que perdió Fox), de dos gubernaturas y de su posición de primera minoría en la Cámara baja, no constituye precisamente un éxito. Y sin embargo, si uno coteja este desenlace con la catastrófica situación en la que se encuentra el país, el saldo para Calderón se antoja aceptable: le hubiera podido ir mucho peor.

En efecto, aunque otras noticias han opacado algunas de las calamidades mexicanas actuales, el hecho es que la economía sufrirá en el 2009 su peor caída en más de 70 años, y probablemente la más severa de cualquier país del mundo, ya sin hablar de América Latina.

La correduría Goldman Sachs estima una contracción de - 8.5% este año, y el propio Gobierno, que sistemáticamente ha subestimado la recesión, acepta un retroceso de entre 6.5% y 7%. Para diciembre, más de un millón de mexicanos habrán perdido su empleo desde que comenzó la crisis; el ajuste presupuestario que viene pasadas las elecciones y para el año entrante recortará de modo draconiano el gasto público. El estímulo contracíclico de un punto del PIB que anunció el Gobierno hace meses empalidece frente a estos números, pero simplemente no hay dinero para hacer más.

En el frente predilecto de Calderón, a saber su guerra optativa contra el narcotráfico, el panorama tampoco es alentador. Aunque perdura la popularidad de la ofensiva contra el crimen organizado (mas no al mismo grado que antes), su eficacia deja cada día más que desear. De acuerdo con una recopilación del diario Milenio, el mes de junio fue el más violento del sexenio de Calderón: se llevaron a cabo 729 ejecuciones vinculadas al narco. La tendencia es aún más alarmante; en el 2006, último año de Fox, se produjeron 6,6 ejecuciones diarias en promedio; en el 2007, sumaron 6,1 al día; en el 2008, alcanzaron 15,4, y durante el primer semestre del 2009 superaron 18 diarias.

En otras palabras, no sólo no disminuye la violencia con el tiempo -como había sugerido el Gobierno que sucedería-, sino que, al revés, aumenta, y de manera significativa. Este año, si las cosas no mejoran durante el segundo semestre (y arrancó mal la primera semana: sumaron 124 ejecuciones, según el diario Reforma), acabaremos con los mismos 6.000 muertos que en el 2008. El Ejército sigue en las calles y carreteras porque no hay con quién sustituirlo, pero comienzan a proliferar los rumores a propósito del hastío militar, sobre todo a la luz de un dato lamentable. Hasta hoy no se ha graduado un solo cadete de combate de la nueva academia de la policía nacional creada en el 2007 en San Luis Potosí. Con este saldo desastroso a la mitad de su periodo, Calderón puede darse por bien servido con los resultados del domingo.

De todo ello se deriva la tercera lección: al igual que sus dos predecesores, Felipe Calderón pasó a ser, el pasado lunes, un mandatario saliente, paralizado por el arranque de las campañas presidenciales para el 2012, por la falta de mayoría en el Congreso y por la absoluta renuencia de los dos partidos opositores -el PRI, que carece por completo de agenda positiva, y el PRD por su radicalismo- a aprobar cualquier reforma que implique un cambio verdadero en el status quo mexicano. Las reformas necesarias son múltiples, e imposibles: una red social mínima universal y fondeada por el fondo fiscal central, abultado por la aplicación de un IVA generalizado del 15%; la inversión privada minoritaria en hidrocarburos; la creación de una policía nacional sustitutiva de las más de 2.500 corporaciones municipales y estatales completamente corrompidas por el narco; reformas institucionales como la reelección consecutiva de diputados y senadores, prohibida en México; el referéndum para modificar la Constitución, inexistente en México; las candidaturas independientes, prohibidas en México; la segunda vuelta en la elección presidencial, para que el próximo presidente no sea electo por un exiguo 30% de los votantes.

A menos que ocurra un milagro, nada de esto sucederá, y México seguirá por el frustrante camino de la mediocridad.

Fuente: El País

El PRI, como en los viejos tiempos, una apisonadora electoral

Por: Salvador Camarena

El PRI ha vuelto. Ya luego alguien podrá discutir si se es que alguna vez se fue del todo, pero en la jornada electoral del domingo hay un ganador indiscutible: el Partido Revolucionario Institucional, expulsado de la presidencia en el año 2000 y del control de la Cámara de Diputados en 1997, está listo para imponer sus reales.

Que era el favorito en las legislativas, ya se sabía. Pero que lograra quedar a nada de la mayoría absoluta en la llamada Cámara Baja y que desplazara al PAN (Partido de Acción Nacional) de algunos de sus bastiones históricos, eso ha sido el gran campanazo del tricolor.

De la votación federal para diputados, el PRI se ha hecho con alrededor del 35%, mientras que el PAN, su acérrimo contrincante anda en un 27%. A los panistas les fue mal. Pero no solo ellos han perdido. El Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) ha caído a un histórico nivel por debajo, según las cifras preliminares, del 12%. Hace apenas tres años, el orden era el contrario: PAN, luego PRD y finalmente PRI. Eso es historia.

La Cámara de Diputados la conforman 500 miembros. 300 de ellos llegan por la vía del voto directo, correspondiente a cada uno de los distritos en que está dividido el país. Los 200 restantes se reparten a partir de listas que los partidos inscriben y basados en resultados regionales. Datos preliminares permiten calcular que el PRI se llevarán alrededor de 244 legisladores.

Posible mayoría absoluta en la Cámara de Diputados

"Con los datos que tenemos y el número de distritos ganados, estamos en posibilidades de con nuestro aliado el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) alcanzar a ser no solo la primera fuerza sino alcanzar mayoría absoluta en la Cámara de Diputados", ha dicho en una rueda de prensa Beatriz Paredes, líder nacional priista y ella misma candidata a diputada.

En otras declaraciones posteriores, Paredes fue más allá. Ratificó que Colima, Campeche y Nuevo León, seguirían en manos de su partido, que arrebatarían San Luis Potosí y Querétaro al PAN, y, eso sí, reconoció que todavía faltaba información para declarar como suyo el triunfo en Sonora, una entidad del norte del país en la que un incendio en una guardería que dejó 48 niños muertos hizo que el PRI perdiera la ventaja.

Por si quedara alguna duda, el PRI se alzaba con la victoria en Guadalajara, la capital de Jalisco que desde 1995 era del PAN, y de algunos municipios conurbanos de la misma. En tanto que en el valle de México, los priistas también adelantaban que se quedarían con importantes municipios de la zona próxima a la perifereia, y que eran territorio panista desde hace más de una década.

El líder del otro gran perdedor de la jornada, el perredista Jesús Ortega declaró anoche que expulsarían a quienes desde sus filas llamaron a votar por otros partidos. Ortega no se atrevió a mencionar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial que sin renunciar aún al PRD apoya al Partido del Trabajo y al partido Convergencia incluso cuando estos tienen candidatos contrarios al perredismo.

Finalmente, la campaña electoral de 60 días tuvo un protagonista inesperado: el voto nulo. Esta expresión de hartazgo, promovida principalmente por medio de Internet y cuya figura legal no existe en México, pero creció a nivel nacional el doble y en algunas áreas urbanas ha aumentado tres y hasta cuatro veces, como es el caso del Distrito Federal.

Fuente: El País

En Honduras una mula vale más que un diputado

Por: Raúl Sohr

No, no fue el Presidente Manuel Zelaya quien dijo que "en Honduras una mula vale más que un diputado". La hiriente afirmación la hizo, en los 30, el bostoniano Samuel Zemurray, uno de los magnates bananeros norteamericanos que operaba en el país. Honduras fue la expresión más concreta e indignante de una república bananera. El imperio de la United Fruit, la gran transnacional frutera estadounidense, ponía y sacaba gobernantes en Centroamérica. En Honduras la empresa le puso la banda presidencial a Tiburcio Carias, que gobernó 16 años a partir de 1933. Parece sacado de una novela pero así fue: la United Fruit le propuso al gobierno la construcción de un ferrocarril desde la costa atlántica a la capital, Tegucigalpa. A cambio, por cada kilómetro de línea férrea la empresa exigía diez hectáreas de tierras. En definitiva el trazado ferroviario no pasó de las distancias estrictamente necesarias para la explotación de sus plantaciones: serpenteó por los plantíos de la costa atlántica, pero jamás se acercó a Tegucigalpa. Pero las tierras fueron reclamadas y, claro, entregadas.

Honduras vivía bajo gobiernos civiles desde 1982. Una primavera democrática luego de 48 años casi ininterrumpidos de dictaduras de generales-presidentes. El golpe de Estado contra el Presidente Manuel Zelaya el domingo pasado es una repetición casi textual de pronunciamientos anteriores. El principio para los civiles es que podían gobernar pero no mandar. Esa función estaba reservada a los militares y, en rigor, a los oligarcas que los controlaban. La política exterior de Tegucigalpa corría por cuenta de Washington. Así cuando el Presidente Jacobo Arbenz pregonó una reforma agraria en Guatemala, la United Fruit movilizó a la CIA. La agencia organizó en Honduras una columna encabezada por el coronel Carlos Castillo Armas, que tras una astuta operación de guerra sicológica, depuso, en 1954, a Arbenz e inició una sangrienta represión. Más tarde Honduras junto con Guatemala sirvieron de base para la invasión contra Cuba, en 1962 en Playa Girón. En tiempos más recientes el país fue la base para los "contras" que combatieron contra el régimen sandinista en los 80.

Honduras ganó notoriedad en 1969 por la guerra que libró con El Salvador. Como el conflicto coincidió con las eliminatorias del Mundial del ’70, se la llamó la guerra del fútbol. Allí quedó al desnudo la corrupción castrense. Un ejemplo: la guarnición de Santa Rosa de Copán contaba en teoría con mil efectivos pero en realidad solo tenía 463. La dotación restante no pasaba de ser una ficción administrativa que permitía a los comandantes justificar un presupuesto por mil bocas.

El ejército chileno ha tenido un largo vínculo con sus pares hondureños. Luego de su fundación, en 1903, la academia militar quedó en manos de un coronel chileno. Más tarde, en los ’80, durante el trágico período de las sangrientas guerras civiles centroamericanas, el ejército fue reforzado con asesores militares chilenos y argentinos. Las fuerzas armadas hondureñas actuaban con plena autonomía del gobierno. Su comandante en jefe, el general Gustavo Álvarez, importó unos 60 oficiales argentinos y una docena de chilenos. Honduras entró, aunque con menos intensidad, en lo entonces se conoció como las "guerras sucias", un eufemismo para designar la tortura y crímenes de opositores. En el país operó el escuadrón de la muerte autodenominado Movimiento Anti-Comunista Hondureño (MACHO). Entre 1980 y 1985 fueron secuestradas y consignadas como "desaparecidas" 168 personas.

Hoy en Honduras, una de las repúblicas más pobres y frágiles del hemisferio, está en juego el principio de gobernabilidad democrática. Por lo pronto la respuesta del conjunto de las naciones ha sido unánime desde Alaska a Punta Arenas: el golpismo no tiene cabida. Sin embargo, dada la influencia decisiva que Estados Unidos ejerce en Tegucigalpa surge la interrogante sobre qué hizo Washington para impedir la remoción de Zelaya. El golpe era un secreto a voces y no se escucharon advertencias contra la aventura que gestaban sectores políticos que arrastraron a los militares. Y si, por el contrario, diplomáticos estadounidenses señalaron en forma discreta su oposición y, pese a ello, fue ejecutado el golpe, la Casa Blanca tiene motivos para preocuparse por la erosión de su autoridad en la región.

Lo que ocurre hoy en Honduras es una lucha de facciones más que un golpe militar en el sentido propio. De hecho el poder pasó a manos de civiles con respaldo castrense. Como ha ocurrido en el pasado la polarización y el apasionamiento de los bandos los enceguece sobre las consecuencias de sus actos. Lo más probable es que los golpistas hondureños ni siquiera consideraron las repercusiones internacionales de sus acciones. Lo positivo es que América Latina no está para aventuras antidemocráticas cualquiera sea el desenlace en Honduras.

Fuente: La Nación

¿Se acerca el fin de la relación especial?

Por: Shlomo Ben-Ami

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destacó durante su reciente visita a Washington los desacuerdos fundamentales entre el actual gobierno israelí y la administración del presidente Barack Obama. Netanyahu se empeña en cuestionar el capricho de Obama de crear dos Estados como solución al conflicto palestino-israelí, y se niega a entender que Obama piensa que hay un vínculo entre su capacidad para frenar las ambiciones nucleares de Irán y la paz entre palestinos e israelíes.

Netanyahu tampoco está particularmente contento de que Obama se muestre reticente a establecer un plazo firme para las negociaciones con Irán. Los israelíes piensan que Irán hace avances vertiginosos para formar parte del club nuclear y aprovechará con sagacidad las perspectivas de negociación con Estados Unidos para evitar sanciones más severas o un ataque militar.

Las crisis y los desacuerdos profundos no son cosa nueva en la relaciones entre estos dos aliados desiguales. Sin embargo, por profundas que sean las diferencias actuales entre ellos, en el fondo existe la sospecha de que Obama quiere alejarse de la relación sui generis entre su país y el Estado judío, y esto es lo que más preocupa a los israelíes.

Una convergencia de intereses y una actitud profundamente emotiva hacia la historia de Israel y la narrativa judía desde el Holocausto han sido los motores de la que quizá sea una de las alianzas más intrigantes en las relaciones internacionales. De hecho, no existe una razón única que explique la persistente defensa que hace Estados Unidos de su compromiso con Israel, y la aceptación tan firme de que goza la causa israelí en ese país.

Los presidentes estadounidenses, desde Harry Truman, quien fue el primer líder mundial que reconoció a Israel en 1948 (en contra de los consejos del secretario de Estado, el General George C. Marshall), han representado en diferentes grados el aspecto emotivo o el de la realpolitik –algunos de ellos, una combinación de los dos–de esta relación. La sospecha actual es que Barack Obama no está comprometido con ninguno.

Obama es un fenómeno revolucionario en la historia de Estados Unidos y ciertamente no corresponde al patrón tradicional de los presidentes estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de todos los demás presidentes de su país, en la formación de Obama hubo muchos menos elementos religiosos o bíblicos, y ni la narrativa de la historia judía ni el heroico renacer de las cenizas del Holocausto de Israel son parte primordial de su sentir hacia el conflicto árabe-israelí. La narrativa de la tragedia palestina sin duda tiene un papel igual de importante en la definición de su postura sobre el Medio Oriente.

Pero aun cuando otras administraciones estadounidenses no han adoptado una postura emotiva hacia Israel, de todos modos han apoyado su causa, siempre que el hacerlo se pudiera justificar con base en la realpolitik . Ese fue claramente el caso de Richard Nixon, que nunca sintió demasiado afecto por los judíos, pero, que sin embargo, fue uno de los aliados más firmes que Israel haya tenido en la Casa Blanca.

Obama, que no siente ningún apego por la causa de Israel y está profundamente preocupado por las políticas del gobierno israelí en los territorios ocupados, representa el espectro de una Casa Blanca en la que no se comparten aprecio ni intereses con el Estado judío.

El impulso de la política de Obama hacia Medio Oriente –la reconciliación de Estados Unidos con el mundo árabe y el musulmán- choca con la estrategia de Netanyahu. Esto se debe a que en la política emergente de Obama se asume que la mejor manera de afrontar el desafío del terrorismo islámico y evitar que la situación en la región degenere en una proliferación nuclear sin control es forzar a Israel a que suspenda la construcción de nuevos asentamientos, a que se retire de los territorios ocupados para dar lugar a la creación de un Estado palestino con Jerusalén oriental como capital, y a hacer las paces con Siria mediante la devolución de las Alturas del Golán.

Pero esto no significa necesariamente que estemos presenciando el fin de la "relación especial” entre Israel y Estados Unidos. Incluso un presidente revolucionario no se alejará de los compromisos fundamentales de ese país con un Israel que lucha por posiciones razonables y moralmente defendibles.

Hasta ahora, Obama ha tenido la precaución de no apartarse de ninguna de las posturas tradicionales de Estados Unidos relativas a la seguridad de Israel. Ya aceptó la lógica de su estatus nuclear especial y su posición como receptor importante de ayuda militar estadounidense. Además, el guardián de los intereses de Israel, el Congreso estadounidense, se mantiene alerta.

Netanyahu sabe que la gigantesca tarea de mantener la relación de Israel con Estados Unidos es tanto una necesidad estratégica vital como un requisito interno indispensable. Con seguridad habrá más convergencia cuando Netanyahu se decida a definir los límites reales, y no ideológicos, de Israel.

El hecho de que Netanyahu esté inspirado por una determinación casi mesiánica para evitar que Irán adquiera los medios para destruir Israel, podría hacer que su postura hacia Palestina cambie fundamentalmente, siempre y cuando Obama haga avances visibles en sus esfuerzos para detener el programa nuclear de Irán. Para Netanyahu, una solución al problema de Palestina no acabaría con el desafío que representa Irán; más bien la neutralización de esa amenaza existencial prepararía el terreno para la creación de un Estado palestino.

Netanyahu también sabe que los fracasos de la parte árabe han contribuido a fomentar el sionismo radical. Como señala John Kerry, presidente del comité de relaciones exteriores del Senado estadounidense, “este proceso de paz no concierne solamente a una parte" ni toda la responsabilidad recae exclusivamente en Israel. Falta por ver si el mundo árabe, con sus grandes disfuncionalidades, y los poderosos actores no estatales en su seno, como Hamas y Hezbolá, responden a las expectativas de Obama.

Y lo que es más importante, el liderazgo palestino debe redefinir y reunificar a su gobierno para afrontar el desafío que representa convertirse en un Estado. Hasta ahora, la tarea de reconciliación entre Hamas y Fatah parece ser igual de gigantesca que la de lograr un acuerdo de paz con Israel.

Fuente: Project Syndicate

Monckeberg, Kast y la apelación a la ignorancia

Por: Claudio Fuentes Bravo

Existe un prejuicio argumentativo, un esquema de persuasión, cuya estructura lógica es muy antigua y conocida, aunque lamentablemente poco advertida. Locke la llamó “argumentum ad ignorantiam”, es decir, argumento de (apelación a) la ignorancia, dado que se apoya en “la incapacidad de responder por parte del adversario”.

A través de la historia, el argumento de APELACIÓN A LA IGNORANCIA, sirvió para que detrás de él, se parapetaran hordas de apasionados ciudadanos que estando más preocupados de ganar la contienda se esmeraban -con el heroísmo y convicción de un husky siberiano- “más en el ruido que en la selección de las nueces”.

Un esquema de apelación a la ignorancia es el que con “abundancia y sistematización” ha sido utilizado por políticos como N. Monckeberg y J. A. Kast con el objetivo de impedir la distribución de la llamada “píldora del día después”. Fíjese que no afirmo que esta argumentación sea simplemente mal intencionada, sino simplemente digo que los argumentos exhiben una forma determinada, forma que no necesita de intencionalidad consciente, para dejar de ser falaciosa.

Un análisis como el que ofrezco aquí, frecuentemente se deshecha de partida, porque no iría “al fondo de las cosas”, como me lo ha hecho saber una colega en un almuerzo de Facultad, motivándome sin quererlo a escribir, porque ¡vaya a saber uno cuál es el fondo de las cosas! habiendo tanta gente que cree saberlo.

Voy al análisis, análisis que no es de fondo, téngalo presente, para que no se entusiasme...

Un ejemplo del esquema argumentativo que llamamos APELACIÓN A LA IGNORANCIA es la cita de Nicolás Monckeberg que a continuación se reproduce:

“Pues bien, si el propio laboratorio fabricante reconoce que el fármaco sí puede actuar después de la concepción, si igual cosa señala la FDA de los Estados Unidos y si en todo los países donde ésta se comercializa así la presentan. ¿Cómo podría desconocerse que al menos existe una presunción razonable de que la píldora puede actuar después de la concepción y en consecuencia ser abortiva? Se ha dicho que mientras no haya certeza que este fármaco sea abortivo el Tribunal debió permitir su distribución. Sin embargo, hasta el lindano utilizado para combatir los piojos en los niños se sacó del mercado hace pocos meses porque estudios señalaron que habían presunciones fundadas que podía producirles cáncer y nadie acuso tal decisión como irracional”.

(NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ Diputado. Carta al Director, Diario El Mercurio, 14 de abril de 2008)

En relación al párrafo precedente, el diputado Kast expresó a un canal de televisión en días recientes, siendo citado además en distintos medios de prensa que:

"Nadie ha comprobado que la píldora es abortiva o no, y ante la duda yo pienso que hay que abstenerse".

Lo dicho por Kast es, en estructura, lo mismo que explica más latamente Monckeberg, y lo mismo que se reitera en las argumentaciones de la mayoría de los voceros oficiales de la alianza. Equivalencia, por cierto, que observamos a nivel de la estructura argumentativa, cambian los nombres propios, los sustantivos y los adjetivos, pero el esquema se mantiene.

A continuación ficciono un diálogo basado en una lógica más o menos convencional y luego ofrezco un diálogo basado en una lógica religiosa (siguiendo una distinción de una famosa viñeta de la web. que vale la pena buscarla). Veremos en acción a los argumentos de “apelación a la ignorancia”.

Debate fundado en una lógica convencional

Ciudadano racional A:

“La píldora del día después es abortiva”

Afirmación que cualquiera en posesión de una lógica convencional y en consideración, además, de información que considera fidedigna (no sólo ajustada a sus creencias) propone para avanzar en la deliberación de un problema.

Ciudadano racional B:

¿Ah si, puedes probarlo?

Pregunta que intenta por medios racionales avanzar en la discusión.

Ciudadano A:

Estos estudios son la prueba (los muestra para evaluarlos de forma transparente).

Esta es la acción consecuente, en el mundo ideal que intento describir, que prosigue como respuesta a la solicitud de prueba. La valoración de la prueba se puede ajustar o no a un estándar convencional. Es probable que si el estándar es metafísico o religioso, ninguna prueba sea suficiente, de allí que sea preferible que el estándar para valorar la prueba en una discusión democrática sea honestamente científico, es decir, esté al alcance de las dos partes y no sea arbitrario.

Ciudadano B:

Ok. Tienes razón.

Debería ser la respuesta de quien acepta la suficiencia de las pruebas. Si no las acepta en atención a la fragilidad de las pruebas, debería reponerse el procedimiento para empezar desde la solicitud de nuevas pruebas.

Lógica fundada en una lógica religiosa

Ciudadano A:

“La píldora del día después es abortiva”

Afirmación que un ciudadano(a) hace en consideración de información que considera fidedigna porque se ajusta a sus creencias.

Ciudadano B:

¿Ah si, puedes probarlo?

Pregunta de un ciudadano(a) que intenta por medios racionales avanzar en la discusión.

Ciudadano A:

No, pero si tú NO puedes probar que lo que yo creo es FALSO, entonces tienes que seguir las recomendaciones que se derivan de mis creencias y no de las tuyas.

Este es el famoso esquema de APELACIÓN A LA IGNORANCIA. Prescribe: Ya que tú no puedes demostrar que lo que yo sostengo es falso, para lo que no tengo ninguna prueba consistente, dicho sea de paso, entonces debes aceptar que es verdadero.

Ciudadano B:

(Silencio)

Termina el debate porque claramente no hay garantías de una discusión racional.

Nota: Recordé leyendo a Monckeberg y Kast el argumento de un profesor de filosofía medieval y de metafísica tomista que se preguntaba por qué los gobiernos consideraban moralmente mala “la discriminación” cuando era “estructuralmente similar a la acción que ejecutábamos cuando apartábamos una manzana podrida de un cajón de manzanas sanas”. Hay algo ahí de fondo... las lógicas bajo las cuales fuimos educados.

Fuente: La Tercera

El continente perdido

Por: Robert Skidelsky

Hogar de una sexta parte de la población mundial, aunque sólo aporta una cuadragésima parte del PBI mundial, África es la víctima más evidente de la recesión global. Después de media década de crecimiento del 5%, se espera que la tasa de crecimiento del continente se reduzca a la mitad en 2009. Algunos países, como Angola, se están contrayendo. En otras partes, la crisis barrió con los beneficios de varios años de reforma económica. Muchos africanos volverán a caer en una pobreza apremiante.

Los economistas del desarrollo se retuercen las manos de desesperación: África desafía sus mejores esfuerzos para crear un milagro. En la víspera de la descolonización en 1960, el PBI real per capita en el África subsahariana era casi tres veces superior al del sudeste asiático, y se esperaba que los africanos vivieran dos años más en promedio. En los 50 años que transcurrieron desde entonces, el PBI real de África per capita creció el 38% y la gente vivió nueve años más, mientras que el PBI del sudeste asiático per capita creció el 1.000% y la gente vivió 32 años más.

Al principio, la solución para el subdesarrollo del África parecía obvia. África necesitaba capital, pero carecía de ahorros. Por lo tanto, el dinero tenía que venir de afuera -de instituciones como el Banco Mundial-. Dado que cobrarle tasas de interés comerciales a gente hambrienta parecía una usura, los créditos debían ofrecerse con un carácter concesionario -de hecho, ayuda.

Arrojar dinero a la pobreza se convirtió en una panacea. Era fácil de vender y apelaba a los instintos humanitarios de la gente. También aliviaba la culpa del colonialismo, como con los padres que les hacen a sus hijos regalos costosos para compensar una falta de atención o un maltrato hacia ellos. Pero no hizo ningún bien. La mayor parte de la ayuda fue robada o derrochada. A pesar del incremento de ocho veces en la ayuda per capita a la República Democrática del Congo entre 1960 y 2007, el PBI real per capita disminuyó en dos terceras partes en el mismo período.

"Comercio, no ayuda" se convirtió en la nueva contraseña. Dirigida por el economista Peter Bauer en los años 1980, se convirtió en la panacea del Consenso de Washington. África, estaba de moda decir, se recuperaría sólo si desregulaba sus economías y abrazaba un crecimiento liderado por las exportaciones como las economías "milagrosas" del este de Asia. Asesores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional les dijeron a los gobiernos africanos que dejaran de subsidiar a los "campeones nacionales" y derribaran sus barreras comerciales. La provisión de un volumen reducido de ayuda debía estar condicionada al desmantelamiento del sector público.

Para 1996, solo el 1% de la población del África subsahariana eran funcionarios públicos, comparado con el 3% en otras regiones en desarrollo y el 7% en la OCDE. Sin embargo, a pesar del achicamiento del estado, África no ha dado el salto a la prosperidad. En una afrenta total a la teoría económica, el escaso capital que existe en África está huyendo del continente para ser invertido en sociedades que ya son ricas en capital.

El problema con África, empezaron a decir entonces los economistas, era que no tenía estados efectivos. Muchos países tenían estados "fallidos" que no podían proporcionar ni siquiera las condiciones mínimas de seguridad y salud. Con el 15% de la población mundial, el África subsahariana representaba el 88% de las muertes vinculadas a conflictos en el mundo y el 65% de las víctimas de sida. Lo que los historiadores han sabido durante 2.000 años -y que también sabían los economistas clásicos del siglo XVIII- de repente iluminó a la nueva raza de economistas matemáticos de los años 1990 como un relámpago: la prosperidad depende del buen gobierno.

Ahora bien, ¿cómo conseguir un buen gobierno? Restablecerlo o asegurarlo evoca el espectro pavoroso del colonialismo. Después de todo, a pesar de todos sus defectos, el colonialismo ofreció la precondición esencial del desarrollo económico: paz y seguridad. La discusión sobre el desarrollo hoy tiene que ver esencialmente con cómo se pueden alcanzar estas precondiciones de reducción de la pobreza y de crecimiento económico sin colonialismo.

El aporte contemporáneo más interesante pertenece al economista de Oxford Paul Collier. El sostiene que muchos estados africanos han caído en una o varias trampas de desarrollo de las que resulta extremadamente difícil escapar. Es más, una vez que un país queda atrapado en una de ellas, es fácil caer en la próxima. Ser pobre lo hace a uno propenso al conflicto, y estar en conflicto lo hace a uno pobre. ¿Qué esperanza tiene entonces un país pobre desgarrado por la guerra civil?

Haciendo referencia a la misión británica a Sierra Leona, Collier se muestra a favor de la intervención militar, cuando es factible, para asegurar la paz. Respalda la participación internacional para imponer la paz post-conflicto. Pero la asistencia internacional en curso debería limitarse a ofrecer patrones de buena gobernancia voluntarios.

Los esquemas referentes a cómo los gobiernos deberían transparentar el gasto público o de qué manera las empresas extranjeras que extraen recursos deberían dar cuenta de sus ganancias harían que las comparaciones de criterios les resultaran más fáciles a los activistas políticos locales, al mismo tiempo que ofrecerían una fuente de legitimidad para el gobierno. El tan discutido Proceso Kimberly es un proyecto piloto. Las empresas de diamantes se ofrecen voluntariamente a no comprar en zonas de conflicto en un intento por impedir que los diamantes financien a los caudillos locales. Esto sería bueno para los negocios, ya que los clientes occidentales adinerados hoy se sienten disuadidos ante la idea de comprar joyas bañadas en sangre.

La integración regional se ha destacado de manera prominente recién en los últimos 50 años en Europa, pero ya resultó en una serie de beneficios políticos y económicos para los europeos. Una evidencia considerable indica que la integración también podría ser beneficial para África, en un marco apropiado para las condiciones africanas.

Este es un proyecto que vale la pena respaldar. Otros esfuerzos merecedores de atención incluyen la formalización de la gigantesca economía informal en estados como Ghana. Por lo general, estos son proyectos que requieren de una pericia internacional bajo mandatos emitidos internamente.

Es una señal de la pobreza de la economía del desarrollo que propuestas como éstas sean consideradas de avanzada. Sin embargo, mientras haya un puesto de control cada 14 kilómetros entre Lagos y Abidjan -dos de las principales ciudades de África occidental-, el progreso en el terreno será lento.

Con refugiados que desbordan fronteras, piratas que secuestran barcos y terroristas que encuentran refugio, es evidente que, si bien las soluciones de África le son propias, sus problemas no lo son. El resto del mundo ya no puede permitirse la pobreza de África. Pero la evidencia de 50 años de esfuerzos fallidos es que no tiene ni la menor idea de qué hacer al respecto.

Fuente: Project Syndicate

¿Dónde están los solucionadores de problemas mundiales?

Por: Jeffrey D. Sachs

Un aspecto extraño y preocupante de la política mundial actual es la confusión entre negociaciones y resolución de problemas. Conforme a un calendario acordado en diciembre de 2007, disponemos de seis meses para alcanzar un acuerdo mundial sobre el cambio climático en Copenhague. Los gobiernos están inmersos en una enorme negociación, pero no en un esfuerzo enorme para resolver los problemas. Cada uno de los países se pregunta: “¿Cómo puedo hacer lo menos posible y que los demás países hagan lo más posible?”, cuando, en realidad, deberían estar preguntándose: “¿Cómo debemos cooperar para lograr nuestros fines compartidos con el mínimo costo y el máximo beneficio?”

Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Abordar el problema del cambio climático requiere reducir las emisiones de dióxido de carbono procedentes de combustibles fósiles, lo que, a su vez, entraña opciones en materia de tecnología, algunas de las cuales existen ya, mientras que gran parte de ellas se deben idear. Por ejemplo, las centrales eléctricas de carbón, para que puedan seguir siendo un elemento importante del conjunto de fuentes de energía, tendrán que capturar su CO2, proceso denominado “captura y almacenamiento de carbono” (CAC). Sin embargo, no está probada la eficiencia de esa tecnología.

Asimismo, hará falta una nueva confianza pública en una nueva generación de centrales nucleares que sean seguras y estén supervisadas de forma fiable. Harán falta nuevas tecnologías para movilizar las energías solar, eólica y geotérmica en gran escala. Podríamos intentar aprovechar los biocombustibles, pero sólo de modos que no compitan con el suministro de alimentos ni con activos medioambientales valiosos.

Sigue la lista. Será necesaria una mayor eficiencia energética, mediante “edificios ecológicos” y electrodomésticos más eficientes. Habrá que substituir los automóviles con motores de combustión interna por vehículos híbridos o híbridos enchufables o accionados por baterías o accionados por baterías de combustible.

Para lograr una nueva generación de vehículos eléctricos, hará falta un decenio de colaboración entre el sector público y el privado para conseguir un desarrollo tecnológico básico (como baterías mejoradas), una red eléctrica más sólida, una nueva infraestructura para recargar los automóviles y muchas cosas más. Asimismo, hará falta un decenio de inversiones públicas y privadas para demostrar la viabilidad de las centrales eléctricas de carbón que capturen su dióxido de carbono.

El cambio a las nuevas tecnologías no es principalmente un asunto de negociación, sino también de ingeniería, planificación, financiación e incentivos. ¿Cómo puede el mundo desarrollar, demostrar y después difundir esas nuevas tecnologías de la forma más eficaz? En los casos en que no sea probable que los beneficios vayan a parar a inversores privados, ¿quién debe pagar los primeros modelos de demostración, que ascenderán a miles de millones de dólares? ¿Cómo debemos preservar los incentivos privados para la investigación y la innovación y al tiempo comprometernos a transferir las tecnologías logradas a los países en desarrollo?

Se trata de cuestiones urgentes y no resueltas. Sin embargo, las negociaciones mundiales sobre el cambio climático se están centrando en un conjunto diferente de cuestiones. Las negociaciones versan principalmente sobre qué grupos de países deben reducir sus emisiones, en qué medida, con qué rapidez y en relación con qué año de referencia. Se está apremiando a los países para que reduzcan las emisiones en 2020, a más tardar, conforme a determinadas metas de porcentaje sin examinar demasiado en serio cómo se pueden lograr las reducciones. Naturalmente, las respuestas dependen de las tecnologías de bajas emisiones de que se disponga y de la velocidad con que se pueda desplegarlas.

Pensemos en los Estados Unidos. Para reducir las emisiones marcadamente, deberán cambiar a una nueva flota de automóviles, accionados cada vez más por electricidad. También deberán decidir la renovación y ampliación de sus centrales nucleares y la utilización de terrenos públicos para construir nuevas centrales de energías renovables, en particular de energía solar, y necesitarán una nueva red eléctrica para transportar la energía renovable desde las zonas con poca densidad de población –como los desiertos sudorientales en el caso de la energía solar y las llanuras septentrionales en el de la energía eólica– hasta las zonas de gran densidad de población de las costas. Sin embargo, todo eso requiere un plan nacional, no simplemente una meta de reducción de las emisiones.

Asimismo, China, como los EE.UU., puede reducir las emisiones de CO2, mediante una mayor eficiencia energética y una nueva flota de vehículos eléctricos, pero China debe examinar esa cuestión desde el punto de vista de una economía dependiente del carbón. Las opciones futuras de China dependen de si de verdad el “carbón limpio” puede funcionar eficazmente y en gran escala. Así, pues, la vía para la reducción de las emisiones de China depende decisivamente de unos prontos ensayos de las tecnologías CAC.

Conforme a un verdadero planteamiento cooperativo mundial, se examinarían primero las mejores opciones tecnológicas y económicas disponibles y la forma de mejorarlas mediante actividades concretas de investigación e innovación y mejores incentivos económicos. En las negociaciones se examinarían las diversas opciones posibles para cada uno de los países y las regiones –desde el CAC hasta las energías solar, eólica y nuclear– y se esbozaría un calendario para una nueva generación de automóviles de bajas emisiones, sin dejar de reconocer que la competencia en el mercado y la financiación pública impondrán el ritmo real.

A partir de esas bases, el mundo podría asignar los costos de la aceleración del desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías de bajas emisiones. Ese marco mundial sostendría las metas nacionales y mundiales de control de las emisiones y de supervisión de los avances de la revisión tecnológica. A medida que se dispusiera de tecnologías de eficiencia comprobada, se fijarían metas más estrictas. Naturalmente, una parte de la estrategia consistiría en la creación de incentivos de mercado para las tecnologías de bajas emisiones a fin de que los inversores pudieran desarrollar sus ideas con la perspectiva de obtener grandes beneficios, en caso de que sean acertadas.

Podría parecer que mi petición de que se examinen los planes y las estrategias junto con las metas concretas en materia de emisiones entraña el riesgo de impedir las negociaciones, pero, si no tenemos una estrategia que acompañe a nuestras metas, los gobiernos del mundo podrían no aceptar dichas metas, para empezar, o podrían aceptarlas cínicamente, sin una auténtica intención de cumplirlas.

Hemos de reflexionar en serio y en colaboración sobre las opciones tecnológicas reales del mundo y después perseguir un marco común mundial que nos permita pasar a una nueva era, basada en tecnologías viables y sostenibles para la energía, el transporte, la industria y los edificios.

Fuente: Project Syndicate

El imperativo climático

Por: R. K. Pachauri

Hoy es urgente y esencial que el mundo se movilice ante el cambio climático. De hecho, ya no puede haber debates acerca de la necesidad de actuar, porque el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC), que presido, ha establecido que el cambio climático es una realidad inequívoca y más allá de cualquier duda científica.

Por ejemplo, está habiendo cambios en los patrones de precitaciones, con una tendencia a que haya mayores niveles de lluvias en las latitudes superiores del mundo y menores precipitaciones en regiones tropicales y subtropicales, así como en el área del Mediterráneo. También está aumentando la cantidad de casos de lluvias extremas, y se están generalizando. Más aún, la frecuencia e intensidad de las ondas de calor, las inundaciones y las sequías van en aumento.

Este cambio en el patrón y la intensidad de las lluvias tiene serias implicancias para varias actividades económicas, así como para la preparación de los países para manejar emergencias como inundaciones costeras de gran escala o nevazones intensas.

Algunas partes del mundo son más vulnerables que otras a estos cambios. La región ártica, en particular, se ha estado calentando a tres veces el ritmo del resto del planeta. Los arrecifes de coral, los grandes deltas (que incluyen ciudades como Shangai, Calcuta y Dhaka) y los pequeños estados formados por islas son también extremadamente vulnerables al aumento del nivel del mar.

Entre otros efectos negativos del cambio climático se encuentra la posible reducción del rendimiento de las cosechas. Por ejemplo, en algunos países africanos podría llegar a disminuir en un 50% para el año 2020. El cambio climático produciría una mayor escasez de agua, que para el año 2020 podría afectar a entre 75 y 250 millones de personas tan sólo en África.

En general, se estima que las temperaturas aumentarán para el año 2100 entre 1,1ºC y 6,4ºC. Para centrarse con mayor precisión en estos escenarios, el PICC ha concluido que lo más probable es que el extremo inferior de esta gama sea 1,8ºC, y 4ºC el superior. Incluso en la estimación más baja, las consecuencias del cambio climático podrían ser graves en varias partes del mundo, lo que incluiría una mayor escasez del agua, graves efectos sobre los ecosistemas, y vidas y propiedades amenazadas debido a inundaciones en zonas costeras.

Puede haber además graves consecuencias para la salud humana si no se pone control al cambio climático, particularmente mayor morbilidad y mortalidad como resultado de olas de calor, inundaciones y sequías. Más aún, cambiaría la distribución de algunas enfermedades, haciendo más vulnerables a las poblaciones humanas.

Puesto que el efecto del cambio climático es global, hace falta que el planeta como un todo adopte medidas específicas de adaptación. Sin embargo, ya es claro que la capacidad de adaptación de algunas comunidades se verá superada rápidamente si no se reduce la intensidad del cambio climático.

Para ayudar a estas comunidades vulnerables, es esencial que el mundo idee un plan de acción para limitar la emisión de gases que incrementan el efecto invernadero (GEI) . El PICC ha evaluado varios escenarios, y uno que limitaría el aumento futuro de las temperaturas a entre 2 y 2,4ºC requeriría que las emisiones llegaran a su punto máximo no más allá del año 2015, y que se redujeran a partir de entonces. El ritmo de reducción determinaría en qué medida sería posible evitar los peores efectos del cambio climático.

El PICC también ha concluido que un esfuerzo así de estricto para reducir el cambio climático no significaría más de un 3% del PGB global en el año 2030. Lo que es más, hacerlo conlleva enormes beneficios: las menores emisiones de GEI estarían acompañadas de una menor polución del aire y mayor seguridad energética, más producción agrícola y mayores índices de empleo. Si estos beneficios se tomaran en cuenta como un todo, ese coste del 3% del PGB para el año 2030 sería significativamente menor, quizás hasta negativo. El mundo podría optimizar su producto económico y su bienestar al buscar una manera de reducir el cambio climático.

Por tanto, la necesidad de una acción internacional surge de dos importantes observaciones resultantes del trabajo del PICC. Primero, si no mitigamos las emisiones de GHG, será difícil revertir los efectos negativos del cambio climático, lo que implicará más dificultades y posiblemente un riesgo de supervivencia para la humanidad y otras especies.

Segundo, los beneficios de reducir la emisiones de GEI son tan abrumadores que esto, combinado con las perspectiva del daño resultante de la inacción, hace imperativo que el mundo diseñe una respuesta y un plan de acción internacionales. Considerando el reto al que nos enfrentamos, cuya magnitud y naturaleza ha sido claramente descrita por el PICC, la Conferencia de Copenhague, que se ha de realizar este año, debe producir un acuerdo multilateral que lo aborde de manera adecuada.

Fuente: Project Syndicate

Lo que usted no sabe del proyecto Pascua Lama

Por: Sara Larraín

En diversos foros públicos hemos denunciado el daño consumado por la empresa minera Barrick Gold Corporation en los glaciares del valle de Huasco, Región de Atacama. Sólo en la etapa de exploración de la mina Pascua Lama, la empresa destruyó (según consta en el estudio de Golder Associates) casi el 70% de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, los cuales, según consta en la aprobación del proyecto, debía resguardar. Pese a la cobertura relativa que ha dado el periodismo chileno a este caso, hay muchas otras irregularidades y mentiras que siguen ocultas:

Una de ellas es el hecho que el proyecto aurífero se emplaza en territorios de propiedad de la comunidad de origen diaguita de los huascoaltinos (en Chile, en la provincia de Huasco, Región de Atacama; en Argentina, en la provincia de La Rioja). Los diaguitas fueron reconocidos como pueblo indígena recién en 2006; o sea, después de la firma de tratado minero binacional, un traje a la medida, que logró la presión de Barrick, para explotar el yacimiento Pascua Lama.

La comunidad regularizó sus títulos de dominio en 1903, mediante un procedimiento judicial que reconoció la prescripción adquisitiva de las tierras. El título ‘Estancia de los huascoaltinos' les asignó en propiedad 377.963 hectáreas de tierras de pastoreo de uso comunitario, como también aquellas de fondo de valle en que se encuentran las tierras bajo riego de posesión familiar. Este dictamen fue ratificado, también por sentencia familiar, en 1997, a través de un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Bienes Nacionales.

La regularización se aplicó a las tierras originarias de los diaguitas huascoaltinos, por estimarse que pertenecían a una comunidad adscrita a una legislación especial; a saber, el DFL Nº 5 de 1968 y sus posteriores modificaciones, que reglamentaban la situación de las comunidades territoriales de las provincias de Atacama y Coquimbo. En la regularización del Ministerio de Bienes Nacionales se excluyeron del inmueble común todos los bienes raíces que, estando dentro de los deslindes generales del predio común, estuvieron saneados o regularizados a nombre de personas naturales o jurídicas de derecho privado o público, con lo cual se logró que las propiedades usurpadas dentro de la estancia o cuestionadas por os comuneros mantuvieran sus títulos de dominio, uno de los cuales lo adquirió Barrick para desarrollar Pascua Lama.

Aquí la empresa distorsionó los mapas de la zona para hacer caber su proyecto y se hizo de títulos fraudulentos. El caso, notablemente expuesto en el libro "La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile (Yáñez y Molina, 2008), es otro ejemplo de la ‘judicialización' que deben seguir las comunidades locales, cuando autoridad y empresa, movidas por espurios intereses, optan simplemente por mirar para el lado. Confiemos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos restituya el Estado de Derecho, que las autoridades ambientales negaron a uno de los pueblos originarios de Chile.

Fuente: El Mostrador

CERO Y VAN......

Hace pocos días la política exterior del gobierno colombiano sufrió la más reciente de una ya larga serie de derrotas en el plano diplomático y de sus relaciones internacionales. A finales de mayo del año en curso, el parlamento canadiense se rehusó a ratificar un tratado de libre comercio con Colombia, debido a los altos niveles de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se han venido presentado durante los 7 años de mandato del actual gobierno. De nada sirvió la presencia del presidente Uribe frente a los legisladores canadienses, las pruebas y cifras esgrimidas en su contra fueron contundentes (1625 falsos positivos, sindicalistas muertos, la parapolítica, el escándalo del DAS, desplazamiento forzado, etc.).

Este hecho vino a desnudar la total ausencia de una política exterior seria y coherente por parte del gobierno colombiano, ya que durante los últimos 7 años, esta ha girado casi exclusivamente en torno a la ratificación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, hecho que hasta este momento no ha sucedió (por el alto número de sindicalistas muertos en Colombia), de hecho, de nada han valido los sucesivos viajes del presidente Uribe a Washington, ya que la bancada demócrata de ese país le ha manifestado una y otra vez que la ratificación de dicho tratado no es una prioridad para ellos.

Si a esto se suman las dos resoluciones de la Organización de Estados Americanos, en las que este organismo multilateral rechazó unánimemente el ataque que realizaron las Fuerzas Armadas colombianas con apoyo de militares norteamericanos a un campamento de las FARC-EP ubicado en territorio ecuatoriano y la negativa de todos los países de la región (excepto Estados Unidos) de declarar como grupo terrorista a dicha organización armada. Se puede apreciar que su afán por regionalizar un conflicto armado que a toda costa busca desconocer y minimizar también ha fracasado.

Otro rasgo característico de la diplomacia colombiana durante estos últimos 7 años ha sido la reiterada utilización del servicio exterior para pagar favores políticos y esconder a delincuentes, no es casual que el ex embajador de Colombia en Chile Salvador Arana, se encuentre preso (acusado de nexos con los paramilitares de Sucre y estar involucrado en la muerte de un alcalde) después de haber estado prófugo por más de un año, que el ex cónsul de Colombia en Milán y ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, Jorge Noguera, esté privado de la libertad por nexos con grupos paramilitares “que rayaron casi en la militancia”, según el ente acusador, o que el ex embajador en Republica Dominicana Juan José Chaux, haya tenido que renunciar y entregarse a la fiscalía por mantener estrechas relaciones con narcotraficantes del suroccidente colombiano y de haber sido uno de los organizadores de una reunión de emisarios paramilitares en la casa de Nariño (sede de gobierno), o que en estos momentos se cierna un manto de sospecha sobre el embajador de Colombia en México Juan Camilo Osorio, porque durante su paso por la dirección de la Fiscalía General de la Nación, se cerraron una gran cantidad de investigaciones contra los grupos paramilitares y se expulsó de de esta institución a los fiscales que adelantaban dichas investigaciones.

Habría que preguntarle a la cancillería colombiana qué méritos o experiencia académica, diplomática o laboral, bueno, salvo ser uribistas furibundos, tienen, por tomar sólo unos cuantos casos, los embajadores y ex embajadores de Colombia en Sudáfrica (un comentarista deportivo), en Republica Dominicana (un ex general que salió del ejército en medio del escándalo de los falsos positivos), el cónsul de Colombia en Santiago de Chile (joven precoz en el tema de las relaciones internacionales, comparable sólo con el famoso jurista holandés Hugo Grocio), o en que quedaron las acusaciones de un embajador saliente de Colombia en Chile, quien acuso públicamente a su sucesor de haber tenido vínculos con un cartel de la droga. Lo más seguro es que estas preguntas queden sin respuesta y que por deducción se encuentre un hilo conductor que una a estas personas con las campañas de elección y reelección del actual gobierno o con los grupos paramilitares ligados al narcotráfico y el papel determinante que estos jugaron en la primera fase de la política de seguridad democrática.

Les aclaro nuevamente a los lectores que el hecho de criticar la política exterior del gobierno no me hace enemigo de Colombia o simpatizante del terrorismo y que quedarme callado y aplaudir ciega y acráticamente las políticas del presidente Uribe no me convierten en un patriota o un mejor ciudadano. La crítica y el poder disentir con argumentos e ideas claras son componentes indispensables de cualquier democracia real.

Luis Fernando Trejos Rosero.