Por: Jorge Navarrete P.
El domingo pasado La Tercera titulaba “Bajan candidaturas de mujeres al Congreso y se repostulan 119 de 138 parlamentarios”. Aunque en principio pudiera parecer una noticia desalentadora, la causa de la renovación política tendrá también que sumar a todos aquellos aspirantes que efectivamente puedan derrotar a los actuales senadores y diputados. Incluso en la perspectiva de un pronóstico moderado, es posible que para la próxima elección pudiera renovarse más de un tercio de nuestro actual Congreso.
De ser esto correcto, ¿estamos necesariamente contribuyendo a una mejor calidad de la política? Aunque la incorporación de nuevos rostros es siempre saludable para la democracia, sospecho que —sola y por si misma— la renovación no logrará resolver los problemas de legitimidad que arrastra nuestra clase dirigente. Más todavía, cuando no se han alterado los mecanismos para competir por la confianza ciudadana.
Aunque no soy muy amigo de los símiles entre la política y el mercado, tengo la convicción de que la mejor forma de contribuir al prestigio y calidad de la actividad pública descansa en la posibilidad de generar más competencia en las reglas que regulan la selección de los candidatos; tanto en el proceso previo que efectúan los partidos políticos, cómo en la definitiva decisión que adoptan los electores.
Puestas así las cosas, nuestro mercado político está lleno de ilegítimos subsidios cuyo principal propósito, cuando no el único, es favorecer el status quo. El primero de ellos, y por cierto el más significativo, es la lógica del sistema binominal. Se trata de una fórmula que no sólo traslada la competencia al interior de los pactos políticos, sino también favorece la reelección de los parlamentarios en ejercicio.
En segundo lugar, ser dignos de la nominación de un partido político es uno de los obstáculos más difíciles de sortear, ya que se entrecruzan trenzas de la más diversa monta y naturaleza, las que pocas veces tienen que ver con las condiciones de los que finalmente son ungidos. No habiendo podido modificar al sistema electoral, es prioritario que los partidos se allanen –en forma voluntaria u obligatoria— a un procedimiento que permita una mejor oferta política para los electores; sea a través de un procedimiento de primarias o derechamente facilitando la posibilidad de que presenten más candidatos que los cargos que efectivamente se promueven.
Tercero, que duda cabe, es crecientemente decisiva la influencia del dinero en la política. Pese a los esfuerzos de los últimos años, no contamos con una adecuada legislación que racionalice el acceso y gasto de los recursos utilizados en las campañas electorales. Esta disparidad se hace especialmente sensible cuando constatamos la situación de privilegio que detenta un parlamentario que concurre a su reelección: recibe un significativo sueldo del Estado, mensualmente destina una semana a visitar su distrito o circunscripción, se le solventan sus gastos de bencina, cuando no otras tantas regalías.
Pero así como constatamos la existencia de subsidios que distorsionan la libre competencia, también brillan por su ausencia otras legítimas intervenciones que son indispensables para el buen funcionamiento del mercado político. En un país donde las mujeres sobrepasan a los hombres, es indispensable aprobar —aunque por un período transitorio— una ley de cuotas que permita subsanar la escasa participación femenina en la clase dirigente. Salvo, claro está, que creamos que la explicación de esta anomalía tiene que ver con algún mayor talento y capacidad de los hombres para desempeñarse en la política.
Fuente: La Tercera (Chile)
El domingo pasado La Tercera titulaba “Bajan candidaturas de mujeres al Congreso y se repostulan 119 de 138 parlamentarios”. Aunque en principio pudiera parecer una noticia desalentadora, la causa de la renovación política tendrá también que sumar a todos aquellos aspirantes que efectivamente puedan derrotar a los actuales senadores y diputados. Incluso en la perspectiva de un pronóstico moderado, es posible que para la próxima elección pudiera renovarse más de un tercio de nuestro actual Congreso.
De ser esto correcto, ¿estamos necesariamente contribuyendo a una mejor calidad de la política? Aunque la incorporación de nuevos rostros es siempre saludable para la democracia, sospecho que —sola y por si misma— la renovación no logrará resolver los problemas de legitimidad que arrastra nuestra clase dirigente. Más todavía, cuando no se han alterado los mecanismos para competir por la confianza ciudadana.
Aunque no soy muy amigo de los símiles entre la política y el mercado, tengo la convicción de que la mejor forma de contribuir al prestigio y calidad de la actividad pública descansa en la posibilidad de generar más competencia en las reglas que regulan la selección de los candidatos; tanto en el proceso previo que efectúan los partidos políticos, cómo en la definitiva decisión que adoptan los electores.
Puestas así las cosas, nuestro mercado político está lleno de ilegítimos subsidios cuyo principal propósito, cuando no el único, es favorecer el status quo. El primero de ellos, y por cierto el más significativo, es la lógica del sistema binominal. Se trata de una fórmula que no sólo traslada la competencia al interior de los pactos políticos, sino también favorece la reelección de los parlamentarios en ejercicio.
En segundo lugar, ser dignos de la nominación de un partido político es uno de los obstáculos más difíciles de sortear, ya que se entrecruzan trenzas de la más diversa monta y naturaleza, las que pocas veces tienen que ver con las condiciones de los que finalmente son ungidos. No habiendo podido modificar al sistema electoral, es prioritario que los partidos se allanen –en forma voluntaria u obligatoria— a un procedimiento que permita una mejor oferta política para los electores; sea a través de un procedimiento de primarias o derechamente facilitando la posibilidad de que presenten más candidatos que los cargos que efectivamente se promueven.
Tercero, que duda cabe, es crecientemente decisiva la influencia del dinero en la política. Pese a los esfuerzos de los últimos años, no contamos con una adecuada legislación que racionalice el acceso y gasto de los recursos utilizados en las campañas electorales. Esta disparidad se hace especialmente sensible cuando constatamos la situación de privilegio que detenta un parlamentario que concurre a su reelección: recibe un significativo sueldo del Estado, mensualmente destina una semana a visitar su distrito o circunscripción, se le solventan sus gastos de bencina, cuando no otras tantas regalías.
Pero así como constatamos la existencia de subsidios que distorsionan la libre competencia, también brillan por su ausencia otras legítimas intervenciones que son indispensables para el buen funcionamiento del mercado político. En un país donde las mujeres sobrepasan a los hombres, es indispensable aprobar —aunque por un período transitorio— una ley de cuotas que permita subsanar la escasa participación femenina en la clase dirigente. Salvo, claro está, que creamos que la explicación de esta anomalía tiene que ver con algún mayor talento y capacidad de los hombres para desempeñarse en la política.
Fuente: La Tercera (Chile)
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