Por: Juan Eduardo García Huidobro
Uno de los aspectos de la propuesta de Ley para fortalecer la educación pública que ha provocado más críticas es el hecho que ese proyecto propone que la administración de la educación pública reciba un aporte extra, adicional a la subvención por alumno ya establecida. La medida ha sido calificada de “discriminación arbitraria” (Rodrigo Bosch, Mercurio 7.12) y se señala que ella rompería la igualdad de trato para todos los chilenos discriminando negativamente a 1.736.376 alumnos (Cristián Larroulet, La Tercera, 6.12).
¿Se puede justificar que el Estado gaste más en los alumnos que atiende en la educación pública?
Existen al menos tres razones que justifican, a mi juicio, este mayor gasto.
La primera tiene que ver con las características de la educación pública. Esta es una educación enteramente gratuita y no ejerce ningún tipo de selección al ingreso. Estas características hacen que las familias más pobres, de modo muy mayoritario, envían a sus hijos a la educación pública, por lo cual destinar más recursos a ella constituye una discriminación positiva hacia quienes necesitan más apoyo para lograr éxito en la educación y no diferencia injusta. (Desde esta óptica podría considerarse un trato injusto en relación a la educación particular subvencionada gratuita y que no pone barreras de ingreso a sus escuelas, pero acá estamos hablando de un sector minoritario de la educación particular, cercano a un 20% de la misma y para el cual en efecto podría contemplarse un subsidio especial).
Pero no es esta la única justificación de un mejor trato a la educación pública. Un segundo motivo tiene que ver con las obligaciones de uno y otro sector, las que los hacen profundamente diferentes. Sobre el sector público pesa la obligación intransferible de asegurar a todos los chilenos y chilenas y en cualquier circunstancia la concreción del derecho a la educación, lo que justifica contar con más recursos que quienes no tienen que servir esta obligación. Este deber hace que no exista, ni pueda existir, igualdad de obligaciones entre el sector particular y el sector público, por lo cual no puede darse igualdad de trato. De hecho, vemos que la educación pública está obligada a mantener escuelas y liceos en zonas donde estos no son rentables, debe recibir a todos los que llegan a sus puertas sin selección ni discriminación, más aún debe ir a buscar a los niños y jóvenes que han abandonado la educación escolar y ofrecerles oportunidades de reinserción.
Una tercera razón se relaciona con el carácter regulador que posee la educación pública. La calidad de la educación pública termina siendo siempre en un país, máxime - como en el caso de Chile - cuando las familias pueden elegir el establecimiento donde educan a sus hijos, el nivel de calidad exigible para todos, por tanto el mejorar la educación pública posee también un efecto de bien común en relación con la calidad de todo el sistema. Por lo tanto, para todo el país, también para la educación particular es un bien el buen desempeño de la educación pública, lo que hay que asegurar a todo evento.
Fuente: http://blog.latercera.com/blog/jegarciahuidobro
Uno de los aspectos de la propuesta de Ley para fortalecer la educación pública que ha provocado más críticas es el hecho que ese proyecto propone que la administración de la educación pública reciba un aporte extra, adicional a la subvención por alumno ya establecida. La medida ha sido calificada de “discriminación arbitraria” (Rodrigo Bosch, Mercurio 7.12) y se señala que ella rompería la igualdad de trato para todos los chilenos discriminando negativamente a 1.736.376 alumnos (Cristián Larroulet, La Tercera, 6.12).
¿Se puede justificar que el Estado gaste más en los alumnos que atiende en la educación pública?
Existen al menos tres razones que justifican, a mi juicio, este mayor gasto.
La primera tiene que ver con las características de la educación pública. Esta es una educación enteramente gratuita y no ejerce ningún tipo de selección al ingreso. Estas características hacen que las familias más pobres, de modo muy mayoritario, envían a sus hijos a la educación pública, por lo cual destinar más recursos a ella constituye una discriminación positiva hacia quienes necesitan más apoyo para lograr éxito en la educación y no diferencia injusta. (Desde esta óptica podría considerarse un trato injusto en relación a la educación particular subvencionada gratuita y que no pone barreras de ingreso a sus escuelas, pero acá estamos hablando de un sector minoritario de la educación particular, cercano a un 20% de la misma y para el cual en efecto podría contemplarse un subsidio especial).
Pero no es esta la única justificación de un mejor trato a la educación pública. Un segundo motivo tiene que ver con las obligaciones de uno y otro sector, las que los hacen profundamente diferentes. Sobre el sector público pesa la obligación intransferible de asegurar a todos los chilenos y chilenas y en cualquier circunstancia la concreción del derecho a la educación, lo que justifica contar con más recursos que quienes no tienen que servir esta obligación. Este deber hace que no exista, ni pueda existir, igualdad de obligaciones entre el sector particular y el sector público, por lo cual no puede darse igualdad de trato. De hecho, vemos que la educación pública está obligada a mantener escuelas y liceos en zonas donde estos no son rentables, debe recibir a todos los que llegan a sus puertas sin selección ni discriminación, más aún debe ir a buscar a los niños y jóvenes que han abandonado la educación escolar y ofrecerles oportunidades de reinserción.
Una tercera razón se relaciona con el carácter regulador que posee la educación pública. La calidad de la educación pública termina siendo siempre en un país, máxime - como en el caso de Chile - cuando las familias pueden elegir el establecimiento donde educan a sus hijos, el nivel de calidad exigible para todos, por tanto el mejorar la educación pública posee también un efecto de bien común en relación con la calidad de todo el sistema. Por lo tanto, para todo el país, también para la educación particular es un bien el buen desempeño de la educación pública, lo que hay que asegurar a todo evento.
Fuente: http://blog.latercera.com/blog/jegarciahuidobro
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