Por: Luis Fernando Marin Mariscal
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En el contexto de lo que denominó Weber la “racionalización” de la vida social y económica moderna, se institucionaliza la mercantilización de las relaciones sociales atravesadas por un Estado regulador y garante de las libertades democráticas y por el mercado. Este último el cual segmenta y genera conflictos y problemas o escándalos sociales[1]. Los miembros de la sociedad hacen parte de la misma en la medida que se identifican con ella, adquiriendo hábitos, actitudes, valores y creencias como conciencia común de grupo. De esta manera se promueve la cohesión social y por ende la estabilidad del sistema. La formulación de la política pública desde el Estado está dirigida a generar cohesión social, tendiente a frenar los posibles conflictos y desintegración de la sociedad, a la vez que crea y moldea los actores sociales dentro de un sistema preestablecido, no permitiendo la generación espontánea de los mismos, ni transformaciones de la condición social.
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Los procesos de unificación de una sociedad en torno a un sistema estructural se dan por dos vías: una, la interacción social a través de procesos de constitución y organización de identidades colectivas, organizaciones sociales e interacciones de la sociedad civil, y otra, a través de la intervención sistémica mediante mecanismos como los medios de comunicación, la educación y la política publica estatal[2].
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La intervención sistémica por parte del Estado es altamente justificada en los países en desarrollo, dada la debilidad estructural de las organizaciones de la sociedad civil, paradójicamente por su negación de comunidad, nihilismo, individualismo, anomias y efectos contrarios a procesos de socialización como son crisis de integración y conflicto. Allí es justificada y salvadora la intervención sistémica. Esta por el contrario se despliega mediante la política, que emplea como herramienta un sistema burocrático-administrativo, el cual establece criterios, grados y espacios de intervención, en los que más que acción estatal sobre la sociedad en su conjunto, hay un ejercicio de poder dominante hacia esta[3].
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Las preguntas que cabe hacernos giran en torno a qué tan deseable puede ser que la sociedad civil determine en qué, cómo y el grado de intervención del Estado en la sociedad a través de la política pública y que tan factible es que esto suceda en medio de un entorno institucional en el que la función del Estado es la de intervenir para limitar los efectos desintegradores, producto de las contradicciones sociales y no como el conjunto de mecanismos de regulación y legitimación social.
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Si bien, debemos partir por reconocer la debilidad actual de las organizaciones sociales, no podemos ser totalmente pesimistas al pensar que todo está perdido. Sin duda alguna en el siglo XXI se ha alcanzado un despliegue democrático como nunca antes visto, en el que se posibilita la creación de espacios y mecanismos institucionales para la legitimación social. Podemos ver por ejemplo, como miembros de comunidades indígenas y negra, históricamente relegados, participan activamente en la política y acceden al sistema educativo. Los partidos políticos se organizan y regulan institucionalmente, a la vez que se introduce el voto universal[4]. Nacen también nuevas organizaciones que buscan hacer visibles ciertas demandas o necesidades no resueltas en la esfera pública ni privada.
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En el futuro, lo público no estatal llegará a constituirse en una dimensión clave en la organización de la vida social, pero esto depende de la capacidad de las organizaciones por generar procesos integradores y comunitarios más que asociativos. Estamos ante lo que denomina Luis Bresser como la aparición del “tercer sector”[5], organizaciones que despliegan roles que ni mercado ni estado pueden cumplir y donde la ruptura de la dicotomía Estado-sociedad, encuentra las mayores potencialidades para el cambio social y la reivindicación de demandas.
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Retomando, los sistemas de intervención sistémica, elementos de alienación del Estado y el mercado, son homeostáticos en cuanto tienden a un constante equilibrio. Los individuos deben acomodarse a estructuras económicas, sociales y políticas desiguales ya preestablecidas que no consideran la transformación de la realidad existente. Por el contrario, las organizaciones sociales están marcadas por la diversidad de componentes, los continuos procesos estructurales de cambio y ajuste y la creación y puesta en escena de actores sociales. Dado su papel de representación social, llevarían los intereses objetivos donde el conflicto sería la materia prima del cual se nutriría la acción estatal.
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El Estado ya no puede ser un órgano estático en el que se toman las decisiones de intervención social, sino el espacio de articulación de distintas demandas sociales, donde el interés general debe ser privilegiado. El esquema de intervención en torno al sostenimiento coyuntural de los problemas de desigualdad y pobreza, característico del Estado, empieza a generar serias desconfianzas. Acciones como la intervención focalizada son excluyentes y su fin es limitar los efectos desintegradores de las contradicciones sociales, manteniéndolas al margen del sistema. La erradicación total de los problemas sociales requiere la transformación de la sociedad y el desmonte o ajuste del modelo económico, que solo podrá darse sobre la base de un tejido social activo y revolucionario.
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Es la sociedad civil a través de sus organizaciones sociales, como elemento neutral del Estado y los partidos políticos, un sector independiente, transformador y generador de cohesión social. A su vez, elemento estabilizador de poder, creador de la política pública y quien debe aprobar o rechazar la intervención del Estado. La sociedad en su proceso de organización y desarrollo es quien debe definir los rumbos de su destino y en que aspectos considera debe ejecutar el Estado lo requerido por la sociedad. Este debe ser per sé el espacio de articulación y materialización de las demandas sociales no el de creación e identificaciones de las mismas.
Los procesos de unificación de una sociedad en torno a un sistema estructural se dan por dos vías: una, la interacción social a través de procesos de constitución y organización de identidades colectivas, organizaciones sociales e interacciones de la sociedad civil, y otra, a través de la intervención sistémica mediante mecanismos como los medios de comunicación, la educación y la política publica estatal[2].
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La intervención sistémica por parte del Estado es altamente justificada en los países en desarrollo, dada la debilidad estructural de las organizaciones de la sociedad civil, paradójicamente por su negación de comunidad, nihilismo, individualismo, anomias y efectos contrarios a procesos de socialización como son crisis de integración y conflicto. Allí es justificada y salvadora la intervención sistémica. Esta por el contrario se despliega mediante la política, que emplea como herramienta un sistema burocrático-administrativo, el cual establece criterios, grados y espacios de intervención, en los que más que acción estatal sobre la sociedad en su conjunto, hay un ejercicio de poder dominante hacia esta[3].
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Las preguntas que cabe hacernos giran en torno a qué tan deseable puede ser que la sociedad civil determine en qué, cómo y el grado de intervención del Estado en la sociedad a través de la política pública y que tan factible es que esto suceda en medio de un entorno institucional en el que la función del Estado es la de intervenir para limitar los efectos desintegradores, producto de las contradicciones sociales y no como el conjunto de mecanismos de regulación y legitimación social.
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Si bien, debemos partir por reconocer la debilidad actual de las organizaciones sociales, no podemos ser totalmente pesimistas al pensar que todo está perdido. Sin duda alguna en el siglo XXI se ha alcanzado un despliegue democrático como nunca antes visto, en el que se posibilita la creación de espacios y mecanismos institucionales para la legitimación social. Podemos ver por ejemplo, como miembros de comunidades indígenas y negra, históricamente relegados, participan activamente en la política y acceden al sistema educativo. Los partidos políticos se organizan y regulan institucionalmente, a la vez que se introduce el voto universal[4]. Nacen también nuevas organizaciones que buscan hacer visibles ciertas demandas o necesidades no resueltas en la esfera pública ni privada.
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En el futuro, lo público no estatal llegará a constituirse en una dimensión clave en la organización de la vida social, pero esto depende de la capacidad de las organizaciones por generar procesos integradores y comunitarios más que asociativos. Estamos ante lo que denomina Luis Bresser como la aparición del “tercer sector”[5], organizaciones que despliegan roles que ni mercado ni estado pueden cumplir y donde la ruptura de la dicotomía Estado-sociedad, encuentra las mayores potencialidades para el cambio social y la reivindicación de demandas.
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Retomando, los sistemas de intervención sistémica, elementos de alienación del Estado y el mercado, son homeostáticos en cuanto tienden a un constante equilibrio. Los individuos deben acomodarse a estructuras económicas, sociales y políticas desiguales ya preestablecidas que no consideran la transformación de la realidad existente. Por el contrario, las organizaciones sociales están marcadas por la diversidad de componentes, los continuos procesos estructurales de cambio y ajuste y la creación y puesta en escena de actores sociales. Dado su papel de representación social, llevarían los intereses objetivos donde el conflicto sería la materia prima del cual se nutriría la acción estatal.
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El Estado ya no puede ser un órgano estático en el que se toman las decisiones de intervención social, sino el espacio de articulación de distintas demandas sociales, donde el interés general debe ser privilegiado. El esquema de intervención en torno al sostenimiento coyuntural de los problemas de desigualdad y pobreza, característico del Estado, empieza a generar serias desconfianzas. Acciones como la intervención focalizada son excluyentes y su fin es limitar los efectos desintegradores de las contradicciones sociales, manteniéndolas al margen del sistema. La erradicación total de los problemas sociales requiere la transformación de la sociedad y el desmonte o ajuste del modelo económico, que solo podrá darse sobre la base de un tejido social activo y revolucionario.
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Es la sociedad civil a través de sus organizaciones sociales, como elemento neutral del Estado y los partidos políticos, un sector independiente, transformador y generador de cohesión social. A su vez, elemento estabilizador de poder, creador de la política pública y quien debe aprobar o rechazar la intervención del Estado. La sociedad en su proceso de organización y desarrollo es quien debe definir los rumbos de su destino y en que aspectos considera debe ejecutar el Estado lo requerido por la sociedad. Este debe ser per sé el espacio de articulación y materialización de las demandas sociales no el de creación e identificaciones de las mismas.
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[1] Sobre este concepto el Profesor Javier Corvalán lo define como una problemática entendida como una necesidad que no se satisface en el ámbito ni privado ni público y que este a su vez puede ser o no legítimo o ilegítimo. Legítimo cuando tiene validez para el conjunto o “sentido común de la sociedad” como por ejemplo la pobreza e ilegítimo cundo tiene validez solo para el grupo que lo experimenta como por ejemplo el problema de exclusión de las minorías en las sociedades democráticas.
[1] Sobre este concepto el Profesor Javier Corvalán lo define como una problemática entendida como una necesidad que no se satisface en el ámbito ni privado ni público y que este a su vez puede ser o no legítimo o ilegítimo. Legítimo cuando tiene validez para el conjunto o “sentido común de la sociedad” como por ejemplo la pobreza e ilegítimo cundo tiene validez solo para el grupo que lo experimenta como por ejemplo el problema de exclusión de las minorías en las sociedades democráticas.
[2] Barba Solano C, La política pública desde una perspectiva sociológica, en espiral. Estudios sobre estado y sociedad, Vol. II No. 4, septiembre-diciembre 1995.
[3] Jobert Bruno, Estado, sociedad, políticas públicas, Lom, Santiago, 2005
[4] Rama Germán, Las políticas sociales en América Latina, ponencia presentada en el seminario la teoría del desarrollo en los albores del siglo XXI, Santiago de Chile 28-29 de agosto de 2001.
[5] Bresser L. y Cunill N. (editores). “Lo público no estatal en la reforma del Estado”. CLAD/PAIDOS, Venezuela 1998.
[3] Jobert Bruno, Estado, sociedad, políticas públicas, Lom, Santiago, 2005
[4] Rama Germán, Las políticas sociales en América Latina, ponencia presentada en el seminario la teoría del desarrollo en los albores del siglo XXI, Santiago de Chile 28-29 de agosto de 2001.
[5] Bresser L. y Cunill N. (editores). “Lo público no estatal en la reforma del Estado”. CLAD/PAIDOS, Venezuela 1998.
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