Por: Reinaldo Tan Becerra.
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Según Germán Rama (2001) (1) la política social es “un conjunto de disposiciones legales y de acciones que parte de los poderes públicos, como de los distintos grupos sociales que tienden a proteger la existencia y la calidad de la vida humana de la totalidad de los integrantes de la respectiva sociedad... lo que define a las políticas sociales es el objetivo de la universalidad. La noción fundamental es que los seres humanos, por el hecho de ser tales, tienen derechos similares en lo que se refiere a la existencia y calidad de la misma, con independencia de sus restantes atributos, como son: el sexo, el color de piel, la lengua, la cultura a la que se pertenece, y el poder económico social."(2)
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Esta definición de política social rompe con una concepción, adoptada por los países latinoamericanos desde la década del 80, de fuerte focalización en los sectores de menores ingresos; abriendo la posibilidad de que el resto de la población sea sujeto de ella en cuanto beneficios y no solamente costos.
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La universalización planteada por Rama -ampliación de la cobertura de los beneficiados con las políticas sociales, en un marco de derechos humanos- conlleva desafíos, de distinto nivel, tanto para la economía y la política.
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La universalización planteada por Rama -ampliación de la cobertura de los beneficiados con las políticas sociales, en un marco de derechos humanos- conlleva desafíos, de distinto nivel, tanto para la economía y la política.
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En materia económica, desde un paradigma de mercado, que el Estado camine a una universalización de los beneficios de su políticas social es “un atentado” contra la capacidad del mercado de responder a las demandas sociales de la población, movilizando los escasos recursos con los que cuenta a responder necesidades, siempre crecientes, de sectores de la población que no lo requieren. El Estado al perder su focalización en la población de menores recursos (categorizada como pobre), entregará bienes y servicios a segmentos de la población que no debe, por ser estos capaces, gracias a su nivel de ingresos monetarios, de resolver sus necesidades a través de la oferta de servicios sociales que ofrece el mercado. Además, la adopción de una política social de este tipo que busca el ejercicio y goce de los derechos sociales requiere de organizaciones que provean éstos, lo que conlleva realizar inversiones para ampliar y modificar la red de servicios sociales existentes -diseñada para servir al segmento pobre de la población- para captar a los segmentos no pobres de la población. En suma, la universalización de las políticas sociales en un marco de derechos es una aberración económica.
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En cuanto política, la adopción de la universalización plantea de partida la pregunta de cómo sustentar una política de este tipo. Clave es generar la institucionalidad que permita la captación de los ingresos necesarios para financiar el nuevo gasto social al cual llevaría esta política universal. En lo propiamente político, la universalización llevaría a un potencial crecimiento de la demanda por participación de viejos y nuevos actores sociales, no presentes en el segmento pobre de la población, cuyas demandas han sido catalizadas y segmentadas por el mercado de bienes y servicios sociales. Abriendo un canal de potenciales demandas por el ejercicio y goce de derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Lo cual exige un rediseño de la estructura política existente para dar cabida a estos nuevos actores en el actual escenario político.
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El retorno del tema de la universalización de las políticas sociales, ya antes presente en los esfuerzos llevados adelante por los países latinoamericanos por concretar un Estado de Bienestar (desde la década del 30 hasta su fin en los inicios de lo 80), es indicador de que no basta el mercado y sólo políticas económicas en pro del crecimiento, para el bienestar de las poblaciones latinoamericanas. Se requiere la participación del Estado ya no sólo con una política social focalizada en los segmentos pobres, sino incluyendo a otros actores sociales. Esto, como ya se ha presentado, no exento de dificultades en materias económicas y políticas.
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Uno de los aportes de las políticas sociales en el siglo XX en América Latina fue posibilitar la integración social, la constitución de un nosotros. La cual, en el último cuarto del siglo pasado, transita una política focalizada en los grupos pobres, en una apuesta desde el crecimiento económico por el desarrollo e integración social de esta población.
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La universalización de la política social, en un marco de derechos humanos, abre la posibilidad de incorporar la capacidad integradora de las políticas sociales extensivas del siglo XX, con un uso responsable de la economía de la nación en el marco de una economía de mercado. No conduciendo a los desequilibrios macroeconómicos alcanzados por los gobiernos populistas latinoamericanos.
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Esta es una oportunidad de mayor cohesión social de nuestras sociedades cada vez más segmentadas por las propias dinámicas del mercado, es una posibilidad de fortalecer y renovar el nosotros nacional.
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Uno de los aportes de las políticas sociales en el siglo XX en América Latina fue posibilitar la integración social, la constitución de un nosotros. La cual, en el último cuarto del siglo pasado, transita una política focalizada en los grupos pobres, en una apuesta desde el crecimiento económico por el desarrollo e integración social de esta población.
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La universalización de la política social, en un marco de derechos humanos, abre la posibilidad de incorporar la capacidad integradora de las políticas sociales extensivas del siglo XX, con un uso responsable de la economía de la nación en el marco de una economía de mercado. No conduciendo a los desequilibrios macroeconómicos alcanzados por los gobiernos populistas latinoamericanos.
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Esta es una oportunidad de mayor cohesión social de nuestras sociedades cada vez más segmentadas por las propias dinámicas del mercado, es una posibilidad de fortalecer y renovar el nosotros nacional.
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(1) Germán W. Rama, Consultor del BID
(2) Rama, G. (2001).Las políticas sociales en América Latina.
(1) Germán W. Rama, Consultor del BID
(2) Rama, G. (2001).Las políticas sociales en América Latina.
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