sábado, 11 de septiembre de 2010

Educación y Desarrollo en Mexico

Lucía G. Vázquez Maza*

Se dice que sin educación no existe posibilidad de inclusión social, no es posible ejercer la ciudadanía, ni la democracia, ni el control en la gestión pública y mucho menos, participar racionalmente en las cuestiones de interés público. Si bien, existe consenso en informes de diversos organismos internacionales (BID, CEPAL, UNESCO, etc.) respecto a los avances que en los últimos años se han registrado en materia de educación en los países latinoamericanos, ¿porqué no se ve reflejado en la disminución de la brecha de desigualdad en la estructura social?, Reimers (1999)señala que si la escuela no tuviera ninguna influencia en los aprendizajes de los niños, no podría argumentarse que la misma reproduce la estructura social, será acaso que los sistemas educativos en la región no contribuyen en esa tarea, o peor aún, que la educación y la desigualdad social están encerrados en un círculo vicioso imposible de traspasar.

Sin duda, la educación es un factor indispensable para el desarrollo de los pueblos, es la génesis de todas las posibilidades y oportunidades, sin embargo, la realidad en la mayoría de los países latinoamericanos sobre todo en aquellos que presentan altos índices de desigualdad (Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Paraguay), es que no está al alcance de todos, los sectores más pobres de la población quedan excluidos, entonces ¿cómo se puede combatir la desigualdad si un importante segmento poblacional no tiene acceso a la educación?, mientras siga existiendo desigualdad, el acceso a este derecho se reduce, así para América Latina el gran desafío pendiente es el combate a la desigualdad, en toda su extensión. Existe evidencia que la educación es potencial para combatir este flagelo, “la economía basada en el conocimiento genera más oportunidades para quienes tienen mayor acceso a él. Esta es la principal conexión entre la meta de reducir la pobreza, a la que aspiran las naciones latinoamericanas, y la educación de los pobres”(Reimers, 1999, p.28). En este contexto, es válido reconocer los esfuerzos que en términos de gasto social, los gobiernos latinoamericanos destinan en beneficio de los sectores menos favorecidos, a fin de incrementar su acceso a la educación. No obstante, es importante también reconocer que la pobreza y la desigualdad presente en las sociedades latinoamericanas, son más añejas que el propio interés gubernamental de incluir el principio de justicia social como eje rector de las políticas sociales. Un claro ejemplo de esta situación se manifiesta en las poblaciones indígenas, (doblemente vulnerables, por ser pobres y por su condición indígena), quienes tienen menos oportunidad de ingresar a los sistemas educativos, Reimers opina al respecto que la desigualdad educativa estructural es la que está en la base de los altos niveles de desigualdad de la región y es la que explica que para los más pobres será más difícil, que para el resto de la población, beneficiarse igualmente del crecimiento económico mientras no tengan más oportunidades efectivas de aumentar sus niveles educativos, situación que se vive en buena parte de los países latinoamericanos. Asimismo, el informe de la CEPAL: Panorama Social de América Latina 2007, afirma que “en el caso de los pueblos indígenas, que en proporción significativa habitan en zonas rurales y en ocasiones en zonas selváticas de difícil comunicación, suelen verse afectados fuertemente por dificultades de acceso a la educación así como por la inadecuación de ésta a sus características socioculturales y necesidades específicas”.

Hasta hace pocos años -en el caso de México donde 800 de los 2440 municipios son predominantemente indígenas-, este sector de la población carecía del reconocimiento de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, por tanto permanecieron tradicionalmente excluidos de los beneficios de los programas sociales del gobierno, ante políticas inadecuadas a sus propias necesidades y características socioculturales. El balance se vuelve positivo en la medida que la tendencia se revierte gradualmente, cada vez son más las políticas educativas impulsadas por los gobiernos en las que se respetan y estimulan las identidades culturales y lingüísticas de los pueblos originarios, ofreciendo a los niños indígenas oportunidades equitativas, pertinentes y efectivas que garantizan su acceso, permanencia y éxito educativo. En suma, la educación es solo un eslabón en la cadena de necesidades para superar la pobreza y la desigualdad en nuestro continente, solo las políticas complementarias (educación+salud+empleo) podrán incidir en una mayor integración social.

Día a día se trabaja por sociedades más justas y equitativas, pero aún quedan grandes desafíos. No es casual, que en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se conciba el acceso a la educación como el derecho humano, cuyo respeto es parte ineludible de toda concepción de desarrollo. Además de reconocerse que este derecho incide decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida de los individuos, las familias y las colectividades. Se afirma que los efectos de la educación ampliamente demostrados, mejora los niveles de ingreso, la salud, transforma la estructura familiar, promueve los valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma, en concreto, es importante hacer énfasis en la observación emitida en el informe de la CEPAL, “la educación de las personas no solo es el resultado de los sistemas educativos formales sino de una interacción amplia de factores y de agentes, de ahí que deba ser vista también como una responsabilidad colectiva”.

Avanzar en el reto que significa mejorar el acceso a la educación y el combate a la desigualdad, exige para América Latina un real compromiso social, al que se sumen activamente todos los actores que participan en este proceso: gobierno, sociedad (estudiantes y profesores) y el sector privado.


FUENTES

Objetivos del Desarrollo del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe. Capitulo III “La educación como eje del desarrollo humano” versión electrónica [http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/21541/P21541.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl], revisado el 10 de junio de 2010

Panorama Social de América Latina. (2007). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Versión electrónica [www.eclac.org/publicaciones/.../PSE2007_Sintesis_Lanzamiento.pdf], revisado el 13 de junio de 2010.

Reimers Arias, F. (1999). El estudio de las oportunidades educativas de los pobres en América Latina. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, XXIX, 1er. Trimestre, p.17-68.



¿Se reactiva el conflicto armado colombiano?

Esta es la pregunta que se vienen haciendo muchos conocedores de la situación colombiana ante la ofensiva lanzada por las FARC-EP durante el último mes en distintas regiones del país y que ha dejado un saldo de más de 30 policías muertos en lo que va de agosto.

En este contexto cabe hacer las siguientes reflexiones:

1- Las recientes acciones armadas de la guerrilla no deben verse como hechos retaliatorios enmarcados en revanchas operacionales, las dinámicas tácticas de la guerrilla no responden a lógicas de venganza como lo manifiestan reiteradamente los militares y políticos colombianos, sino a planes militares de frentes y bloques guerrilleros.

2- Parte de la responsabilidad en las bajas oficiales, puede deberse al clima triunfalista que instalaron funcionarios políticos y oficiales militares en la opinión y en la fuerza pública colombiana, ya que desde hace dos años vienen afirmando de manera reiterada y sostenida en distintos foros que el conflicto armado se encontraba en su fase terminal, que se había iniciado el “fin del fin”, que la guerrilla era una serpiente moribunda (deben saber que es muy difícil hacer la autopsia sin el cadáver) y algunos llegaron a sostener que Colombia se encontraba en un escenario de post conflicto.

3- La guerrilla parece haberse adaptado a las modalidades operativas de la fuerza pública y ahora es esta, la que debe descifrar las tácticas operacionales de la insurgencia.

4- Debe abrirse un debate nacional en el que se aborden las causas que han dado origen y posibilitan la existencia de la insurgencia. Para de este modo entender que el conflicto es social, por lo cual su salida debe ser política y no militar, de lo contrario se estaría poniendo la carreta a tirar de los bueyes.

Los colombianos y los latinoamericanos en general debemos entender que organizaciones político-militares como las FARC-EP y el ELN, no son causantes de la pobreza, la exclusión social, la desigualdad, la privatización de la educación y la salud pública, el aumento del comercio informal y de la criminalidad organizada en Colombia, sino todo lo contrario, son una consecuencia directa de estas situaciones.

Luis Fernando Trejos Rosero.